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Puerto Rico implementa medidas de austeridad tras la reducción de su calificación crediticia

Por Bill Van Auken
10 Febrero 2014

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Este artículo apareció en inglés el 6 de febrero del 2014

El gobierno de Puerto Rico ordenó recortes presupuestarios de un 2 por ciento el miércoles y prometió mayores medidas de austeridad después que Standard & Poors rebajó los bonos soberanos de la isla a la categoría crediticia de bonos-basura.

Hace unos días, el gobernador Alejandro García Padilla envió un proyecto de ley a la legislatura que recortaría US$ 170 millones del presupuesto existente y anunció también que presentaría un año antes de lo previsto un presupuesto equilibrado para el año fiscal 2015. También reconoció que el recorte presupuestario del 2 por ciento en todos los organismos gubernamentales se traduciría en mucho más que una reducción del 2 por ciento en recortes de gastos.

"Las implicaciones de esta rebaja crediticia no pueden ser previstas", Matt Fabian, director gerente de Municipal Market Advisors, dijo al Washington Post. Advirtió que Puerto Rico "podría verse obligado a poner dinero en efectivo para cancelar los contratos de derivados y otros acuerdos financieros que podrían ser rescindidos por el cambio en la calidad crediticia".

El gobierno de la isla ya ha reconocido que la rebaja de crédito de esta semana activará una cláusula de dos préstamos a corto plazo que exigen el pago total inmediato de la cantidad adeudada - unos US$ 900 millones. El gobernador dijo que su gobierno estaba tratando de renegociar un pago a plazos.

Siguiendo a la quiebra de Detroit, la rebaja crediticia puertorriqueña ha provocado un aumento de la ansiedad que la isla podría irse a la quiebra. Esto conllevaría implicaciones financieras de mayor alcance y gravedad. La deuda de Puerto Rico se estima en US$ 70 mil millones, en comparación a US$ 18 mil millones para Detroit. Por ley, Puerto Rico, al igual que los gobiernos estatales de Estados Unidos, está prohibido la declararse de quiebra.

Debido a que los bonos de la isla están exentos de impuestos federales, estatales y locales, y ofrecen un alto rendimiento, su deuda está en el portafolio de un 70 por ciento de los fondos de inversión municipales estadounidenses.

La calificadora S&P dijo que se decidió por la rebaja crediticia, en parte, debido a la "reducción de la capacidad para acceder a la liquidez" por el Banco Gubernamental de Fomento del gobierno de Puerto Rico. La acción de la agencia de calificación, sin embargo, tendrá el efecto de profundizar las dificultades de San Juan en conseguir efectivo, que es necesario para salir de su crisis fiscal.

Todo indica que Wall Street, Washington y el gobierno de García Padilla están decididos a poner todo el peso de la crisis sobre las espaldas de la ya empobrecida clase trabajadora de Puerto Rico. Por su parte, el gobierno de Obama reiteró el miércoles que no tenía la intención de proporcionar un plan de rescate para la isla. "No se está contemplando ninguna ayuda financiera federal ", dijo un portavoz del Departamento del Tesoro.

El gobernador pidió al Tribunal Supremo de Puerto Rico para que se defina rápidamente sobre su "reforma" de pensiones, que eleva de forma unilateral la edad de jubilación para los maestros de la isla y a la vez aumenta las contribuciones de los maestros. Estas medidas suponen reducir los costos de pensión del gobierno por US$ 700 millones dólares anuales durante los próximos 25 años. Los sindicatos de maestros habían tomado una medida preventiva para bloquear la aplicación inmediata del plan.

Después del recorte crediticio anunciado por primera vez el martes, García Padilla dijo al público puertorriqueño que, "estos no van a ser tiempos fáciles." Reconoció que se ha elaborado una lista de agencias que podrían ser consolidadas, y que se había hecho un estudio para determinar cuánto se podría ahorrar mediante la reducción de la semana laboral de los empleados públicos. También bajo consideración, dijo, estaba un nuevo aumento de impuestos a las ventas y de uso en la isla. Al mismo tiempo, afirmó que estaba "tratando de mantenerse lejos" de estas medidas.

El miércoles por la tarde, sin embargo, se reunió en el palacio del gobernador de La Fortaleza en San Juan durante horas con 20 líderes sindicales, evidentemente, para discutir su colaboración en la imposición de nuevas concesiones a los trabajadores puertorriqueños. Al describir la reunión como "productiva", José Rodríguez Báez, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, afiliado a la AFL-CIO de Puerto Rico, dijo en San Juan al diario El Nuevo Día, "Hubo solicitudes para el sector sindical para formar parte de la búsqueda de soluciones".

El martes el gobernador aseguró al público que "mañana el sol sale, nos vamos a levantar, el gobierno ofrecerá los mismos servicios, los empleados cobrarán su quincena, nada cambia en el funcionamiento diario del país mañana".

Estas aseveraciones son necesarias porque la última vez que Puerto Rica tuvo una crisis crediticia - en 2006 - el gobierno se quedó sin dinero para pagar a los trabajadores del sector público y cerró sus puertas durante 15 días, incluyendo las escuelas, que ponen 500,000 niños fuera de clases.

Esa crisis fue provocada en gran medida por el fin del estatus fiscal especial de la isla, que durante tres décadas había ofrecido exenciones fiscales para atraer corporaciones manufactureras. Esta medida, combinada con la apertura de oportunidades de mano de obra barata en el tratado NAFTA con México, llevó a la fuga de capitales y el inicio de una recesión que ha continuado hasta nuestros días.

Esto ha creado condiciones cada vez más desesperadas para grandes sectores de la clase obrera en el "estado libre asociado" colonial. La tasa oficial de desempleo se sitúa en más del 15 por ciento - significativamente más alta que la de cualquier estado de EE.UU. y por lo menos el doble de la tasa oficial en 42 estados. Cuarenta y uno por ciento de los 3.7 millones de puertorriqueños viven por debajo del nivel de pobreza oficial, lo que es aún más bajo que el establecido en el territorio continental de Estados Unidos.

Como resultado de esta intensa pobreza se ha dado en un resurgimiento de la emigración a los EE.UU. en un nivel no visto desde la gran migración puertorriqueña en la década de 1950.

Desde el inicio de la recesión en Puerto Rico en el año 2006, la población de la isla se ha reducido en 138 mil personas.

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