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España frena intentos de tribunal Argentina para procesar fascistas del franquismo

Por Alejandro López
24 Octubre 2013

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Este artículo se publicó en inglés el 22 de octubre del 2013

La jueza argentina María Romilda Servini de Cubría mandó a arrestar a cuatro ex fascistas españoles, que habían sido parte de la dictadura del General Francisco Franco.

Tanto el Partido Popular (PP) que ahora dirige el gobierno español, y que nació dentro del Movimiento Nacional de Franco, como el opositor Partido Socialista Obrero (PSOE) se han puesto de acuerdo para impedir las detenciones.

Su pretexto es la Ley de Amnistía de 1977, que fue aprobada durante la transición del fascismo a la democracia burguesa, después del fallecimiento de Franco, en 1975, con el objetivo de impedir a todo costo que se investigaran los crímenes cometidos durante la Guerra Civil española (1936-1939) y el régimen de Franco ( 1939-1975 ). Desde entonces, ningún fascista ha respondido por los crímenes de la dictadura: se estima que fueron ejecutados trescientos mil opositores políticos; quinientos mil estuvieron en la prisión, otros quinientos mil fueron obligados a exilarse.

El proceso argentino data del mes de abril del 2010. Darío Rivas, residente argentino, recurre al derecho internacional. Su padre había sido alcalde de una ciudad de Galicia, en el noroeste español, secuestrado y ejecutado bajo el franquismo. Acuerdos internacionales no reconocen limites de tiempo o de jurisdicción para los delitos de lesa humanidad. El número de demandantes ha crecido: hasta ahora son 120 individuos y 62 organizaciones de derechos humanos.

En un informe de 204 páginas la jueza Servini acusa de crímenes a cuatro fascistas, antiguos miembros de la Brigada Político Social, la policía política de Franco.

Dos de los acusados: Celso Galván Abascal, ex escolta de Franco, y el ex comisario José Ignacio Giralte , fallecieron antes de que comenzara el proceso. Los otros dos son Jesús Muñecas Aguilar, ex guardia civil, quien también participó en el golpe de estado del 23 de febrero de 1981 y el ex inspector José Antonio González Pacheco, uno de los esbirros más sádicos de Franco. Este último llevaba el apodo "Billy el Niño" por su costumbre de hacer girar su revolver en un dedo, mientras golpeaba a sus víctimas.

Isabel Pérez Alegre, ex miembro del Frente Patriótico Revolucionario Antifascista ( FRAP ), dio evidencia directa: "Me detuvieron en octubre de 1975. Me llevaron a la DGS, me rodearon y me empezaron a pegar por todas partes. Eran cinco policías. Billy el Niño pegaba de vez en cuando, pero sobre todo dirigía a los demás. Me ataron a un radiador y me golpearon con porras en las corvas, en los riñones... Cuando fui al baño me tuvieron que llevar entre dos, ya no podía caminar. Me miré al espejo y no reconocía mi propio cuerpo, deformado por los golpes...”, le relató Pérez Alegre al diario madrileño El País.

Servini decretó la detención y dio órdenes de extradición para los cuatro fascistas a la INTERPOL, declarando que bajo la jurisdicción universal se los acusaba en virtud del derecho internacional. Rechazó los intentos del fiscal general español para impedir el proceso.

En su intento de bloquear la acusación, la fiscalía general, el Gobierno del PP , y varios jueces y fiscales han afirmado falsamente que hay “se están tramitando numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura, tanto en relación con la eliminación física de los partidarios de la República y de la forma democrática de Gobierno, como de la desaparición de menores”. Por consiguiente no vale la jurisdicción universal no son válida. También declararon que Pacheco y Muñecas están protegidos por la Ley de Amnistía de 1977, que perdonó delitos que hayan cometido miembros de las fuerzas de seguridad.

Ha pasado un mes desde que Servini hizo su petición a la INTERPOL, que por lo general cumple con esas solicitudes en sólo de horas; los dos criminales franquistas siguen libres .

En un caso separado, Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU instruyó a Madrid a hacerse responsable y crear un plan nacional de búsqueda de desaparecidos, a revocar la Ley de Amnistía de 1977 y a presentar casos de desaparición forzada ante los tribunales.

El Grupo de Trabajo también condenó la resistencia de las autoridades españolas a la desclasificación de documentos de la época de Franco, la obstrucción del acceso a información para familias de las víctimas, y los límites impuestos por la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el gobierno del PSOE anterior al corriente.

Cuando se aprobó esa la ley en 2006, el World Socialist Web Site explicó que ésta tenía el propósito de "encarrilar la lucha por la verdad por canales de protección para la clase dominante española. No sólo sigue encubriendo los crímenes del fascismo, como se ha hecho durante décadas, sino que establece el principio de la igual culpabilidad de todas las partes durante la guerra civil .... A pesar de constatar la injusticia de procesos y ejecuciones fascistas, de ninguna manera se compromete esta ley a anularlas en las o de procesar a los culpables".

Se confirmaron esas palabras en el 2012; en ese año Baltasar Garzón, juez de la Audiencia Nacional, fue acusado en la corte dizque por abusar de su poder llevando a cabo una investigación sobre los crímenes franquistas . Garzón había exigido al régimen de rendir cuentas por asesinatos, dispuso la apertura de fosas comunes y compensación para las víctimas de Franco. También inició investigaciones sobre desapariciones infantiles.

Este mayo, Garzón dio testimonio ante Servini; declaró ya no existían opciones legales en España para investigar los crímenes del franquismo después de que el Tribunal Supremo le había impedido hacerlo. Negó rotundamente el reclamo del fiscal general español de que existían numerosas investigaciones: "Radicalmente, no,” dijo el ex juez. “En España no se ha investigado en ningún momento, al margen del intento hecho por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el plan sistemático de eliminación, de detención, desaparición, iniciado con el alzamiento nacional en 1936.”

El hecho de que el PP, heredero del franquismo, imponga barreras a toda investigación de los crímenes cometidos está mancornado a la traición histórica de la clase obrera por el Partido Comunista estalinista ( PCE ) y por el PSOE durante la época de transición.

Todo esto salió a la luz cuando el Ministro Justicia Alberto Ruiz- Gallardón defendió la ley refiriéndose a las palabras de dirigentes del PCE como Santiago Carrillo y Dolores Ibárruri ("La Pasionaria"), quienes: "Votaron y defendieron con ahínco la Ley de Amnistía" .

El suegro de Ruiz-Gallardón -José Utrera Molina— es uno de los nueve ex funcionarios del régimen de Franco a quienes investiga Servini .

El PSOE e Izquierda Unida (IU), que el PCE dirige, insiste con el fraudulento cuento que las autoridades españolas sí investigarán los delitos de Franco, e intentan presentarse como defensores de sus víctimas. En el parlamento están de nuevo pidiéndole al gobierno de PP localizar y abrir todas las fosas comunes. No obstante las disposiciones de la Ley de Memoria Histórica, sólo 400 de ésas se han abierto con los restos de cerca de 6.000 personas fusiladas. Se estima que otros 114.000 permanecen en paradero desconocido.

El PSOE ha dejado en claro que defiende la Ley de Amnistía . Ramón Jáuregui , ex ministro durante el gobierno de Zapatero (2004-2011) , declaró: "Fue una ley necesaria y no creemos conveniente revertirla.”

Interrogado acerca de la investigación argentina, Jáuregui respondió: “El proceso argentino está cargado de buenas intenciones, pero en España decidimos hace mucho tiempo que no nos íbamos a pasar factura de lo que hicimos antes de 1976 "

El ex líder de IU , Gaspar Llamazares, ha declarado que no hay necesidad de eliminar la ley, seria suficiente modificarla para asegurar que no se interprete como oferta de impunidad a los criminales de Franco.

La clase dominante y sus partidos nuevamente se confabulan para impedir ajustar cuentas con el franquismo. En condiciones en que el 26 por ciento de los trabajadores están parados y 3 millones de españoles se encuentran en la pobreza extrema, surgen las mismas condiciones que dieron lugar a las luchas revolucionarias de la década de los 1930. La más mínima investigación provocaría resistencia popular en contra una élite gobernante que impone medidas de austeridad y contrarrevolucionarias políticas sociales.

 



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