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Sindicatos españoles confabulan en el desempleo masivo y los recortes salariales

Por Alejandro López
7 Marzo 2013

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En dos años, el gobierno del Partido Popular (PP) y su predecesor, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), han acordado tres "reformas" laborales con los sindicatos.

La ley del 11 de Febrero declara que "trata de garantizar tanto la flexibilidad de los empresarios en la gestión de los recursos humanos de la empresa como la seguridad de los trabajadores en el empleo y adecuados niveles de protección social. Esta es una reforma en la que todos ganan, empresarios y trabajadores, y que pretende satisfacer más y mejor los legítimos intereses de todos."

Bajo un capitalismo en profunda crisis es imposible que "todos ganen", y no ha pasado mucho tiempo para que esto quedara claro. Los trabajadores han salido perdiendo -sea con el desempleo cada vez más pronunciado, los sueldos más bajos o las condiciones laborales cada vez más precarias- mientras que los empresarios han cosechado las recompensas. Todas las limitadas protecciones ganadas durante la transición hacia una democracia burguesa después de la muerte del dictador fascista General Francisco Franco en 1975, consagradas en el Pacto de la Moncloa y el Estatuto de los Trabajadores, están siendo paulatinamente eliminadas.

La desregulación, la flexibilidad y la inseguridad laboral son ahora comunes. Se ha desarrollado un sistema de empleo a dos niveles, reemplazndo a a los trabajadores más viejos - sindicalizados y relativamente mejor pagados- que tienen contratos permanentes más seguros por trabajadores mayoritariamente más jóvenes e inmigrantes con contratos temporales mal pagados. La demanda principal de los empresarios ha sido la de acabar con las condiciones de los contratos permanentes a través de reducciones de los salarios, las pensiones y las indemnizaciones por despido, permitiendo despedir a los trabajadores más fácilmente y acabar con los convenios colectivos.

La gran parte de esto se ha logrado en los dos últimos años. Nada de esto hubiese podido ocurrir sin el consentimiento de los sindicatos.

Entre las medidas acordadas entonces por los sindicatos se encontraba un límite a los aumentos salariales de tres años y nuevas reglas para facilitar y abaratar el despido lo que ha allanado el camino para el asalto al empleo, los salarios y los servicios públicos. En el pasado hasta un 70 por ciento de los trabajadores tenía sus términos y condiciones laborales determinadas por convenios colectivos nacionales mientras que los demás tenían sus condiciones determinadas por los convenios sectoriales, como la minería y la hostelería, o por convenios a nivel autonómico. En la actualidad, los acuerdos que se alcanzan a nivel de empresa tienen prioridad sobre las otros.

Acuerdos recientes entre asociaciones empresariales y los sindicatos ejemplifican el rol de estos como policías de la fuerza laboral. La semana pasada, la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (ANGED), que incluye a importantes corporaciones como El Corte Inglés, Carrefour, IKEA, Cortefiel y C&A, firmaron un acuerdo con los sindicatos para reducir los salarios y eliminar la paga extra por trabajar los domingos o festivos - en efecto un recorte salarial del 6 por ciento. Los 230,000 trabajadores afectados por el acuerdo también trabajarán 28 horas más cada año, con sus salarios congelados por lo menos hasta el 2016.

El sitio web de Anged celebra el hecho de que los "representantes sindicales renunciaron a sus demandas iniciales con el objetivo de encontrar un equilibrio que garantice empleo dentro del sector (de distribución)".

Las compañías automotrices como Ford, Peugeot y Renault han anunciado planes para incrementar su producción en España. En Nissan los sindicatos acordaron este mes recortar salarios un 20 por ciento para los nuevos trabajadores. Renault llegó a un acuerdo para incrementar la producción y la contratación a cambio de flexibilizar el trabajo y contratar a trabajadores temporales con salarios mucho más bajos. El acuerdo permite a las fábricas funcionar siete días a la semana y mantener aumentos salariales por debajo de la inflación.

El gerente general de Renault Carlos Ghosn declaró que el acuerdo con los sindicatos en España es una hoja de ruta para los esfuerzos de la compañía para reducir costes laborales en Francia dónde actualmente están negociando con los sindicatos. Los costos laborales unitarios, usados por los economistas como indicador de competitividad, han caído cinco por ciento en España en los últimos cinco años mientras que en Francia estos han subido un 10 por ciento de acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Los sindicatos españoles también han acordado con Federación Empresarial de la Industria Química Española (FEIQUE) que los salarios de 250,000 trabajadores sean congelados este año, los salarios subirán un 0.2 por ciento en 2014 sólo en el muy improbable caso de que el producto interior bruto (PIB) crezca un uno por ciento. Los salarios subirán un 0.4 por ciento si el PIB resulta ser más grande que el 1 por ciento. Este leve incremento difícilmente beneficiaría a los trabajadores, ya que la subida de los impuestos (especialmente el IVA), el aumento del coste del nivel de vida y los pagos por servicios sociales que anteriormente habían sido gratuitos significarán que los trabajadores saldrán perdiendo.

Los sindicatos españoles una vez más se encuentran en un "diálogo social" con la organización de la patronal, la CEOE, usando el pretexto del desempleo masivo existente para bajar aún más los sueldos, incrementar la flexibilidad y destruir las condiciones laborales. Cándido Méndez, el líder de la Unión General de Trabajadores (UGT), alineada con el PSOE, dejó clara la esencia de estas negociaciones cuando declaró que "hay que hacer políticas que favorezcan el mantenimiento y la creación de tejido industrial en sectores de mayor aportación de valor añadido y con mayores posibilidades de crecimiento duradero y sostenido".

El n?mero de españoles en paro ha alcanzado la cifra récord de 6 millones, comparado con los 1.7 millones de 2007 poco antes del colapso económico. La tasa de desempleo sigue en el 26 por ciento, la segunda más alta en la Unión Europea después de Grecia. Entre los trabajadores inmigrantes el desempleo llega al 36.5 por ciento. En el sur de España la situación es incluso peor: casi un tercio de trabajadores no tiene empleo. La juventud española ha sido especialmente afectada: 55 por ciento de los menores de 25 años no tienen empleo. En la región sureña de Andalucía el 65 por ciento de jóvenes confronta el desempleo.

Un 10 por ciento de familias, constituyendo casi 2 millones de personas, tienen a todos sus miembros en el desempleo. Un incremento de 16 por ciento comparado con el 2011.

De acuerdo con un estudio de la Organización de Consumidores y Usuarios, el 63 por ciento de los trabajadores recibieron recortes en su ingreso del 1 al 10 por ciento en los dos últimos años. El mismo estudio declara que los salarios de uno de cada 10 trabajadores han sido recortados hasta un 20 por ciento, y sólo 37 por ciento de los trabajadores han mantenido el mismo salario durante el año pasado.

Una señal sobre cómo estos ataques a los salarios y condiciones han beneficiado a los empresarios es el incremento en las exportaciones. Las últimas cifras muestran que el déficit comercial entre enero a octubre de 2012 permaneció en los €28 mil millones, 28.3 por ciento menos que el mismo periodo en 2011.

El Secretario de Estado para el Comercio Jaime García-Legaz declaró que es "relativamente razonable" pensar que el 2012 termine con un déficit por debajo del 2 por ciento del PIB, comparado con el 10 por ciento en el 2007. García-Legaz señaló que España nunca ha tenido un superávit de comercio en su historia.

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