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Dictador bancario para Detroit

Por Joseph Kishore
28 Marzo 2013

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Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 15 de marzo, 2013.

Desde que se nombrara un jefe de emergencia el jueves pasado, Detroit se ha convertido en la mayor ciudad de Estados Unidos que un gobierno estatal ha apropiado. El nuevo jefe, Kevin Orr, abogado que se especializa en quiebras, ejercerá enormes poderes, pero su objetivo principal es llevar a cabo ataques bestiales contra los empleos y las normas de vida de la clase trabajadora.

El significado de lo que ahora ocurre en Detroit tiene repercusiones a nivel nacional e internacional. El Financial Times de Londres ha citado a uno de los participantes en el debate para imponer a un jefe bancario: "Este será el mejor estudio práctico de lo que significa imponer la 'reestructuración' de una ciudad". Uno de los editoriales del periódico aboga por tomar "acción radical aunque impopular" para resolver los problemas económicos de Detroit, con lo que concuerdan casi todos los periódicos de gran circulación en Estados Unidos.

La "reestructuración" de Detroit no es más que un eufemismo para imponer una política que arrase con los empleos, reduzca los salarios y pensiones, acabe con los servicios sociales-desde los servicios sanitarios y de bomberos hasta la atención médica y la educación-y entregarle a
los banqueros y especuladores los recursos de la ciudad. Las mismas fuerzas sociales responsables por la presente situación municipal ahora se aprovechan de le crisis que ellos mismo causaron para intensificar su saqueo de los recursos públicos y así lograr de mayor manera la redistribución de la riqueza de abajo para arriba.

Con la implacabilidad despiadada del capitalismo estadounidense, la clase gobernante, a medida que trata de imponer su programa de contrarrevolución social, se deshace de los adornos de la democracia y le impone a la ciudad una dictadura bancaria.

En cuanto a estas medidas, el acuerdo general de los gobernantes políticos de la clase capitalista fue evidente el jueves pasado. Durante una conferencia de prensa en la que se anunció el nombramiento de Orr, quien ha sido Demócrata de por vida, el gobernador Republicano, Rick Snyder, apareció al lado del alcalde Demócrata de Detroit, David Bing. Éste a su vez prometió su apoyo. La decisión formal de emplear a Orr y pagarle un salario de $275,000 al año la hizo el comité estatal para préstamos de emergencia, cuya cabecilla es el tesorero del Estado de Michigan, Andrew Dillon, también Demócrata.

En cuanto al ayuntamiento municipal controlado por el Partido Demócrata, éste se opone al nombramiento de Orr como jefe bancario porque razona que puede imponer de manera más efectiva las amplias reducciones que los bancos y los jefes de la industria automotriz exigen.

No cabe duda que el nombramiento de Orr se ha basado en que es afro-americano. Durante décadas, los pasillos del poder del Partido Demócrata se han valido de la política racista para dividir a la clase trabajadora. Si el ayuntamiento ahora se opone al jefe bancario desde dentro del sistema, es porque quiere ponerlo todo en términos raciales, lo cual se resume en la acusación de que el "Lansing [capital del Estado de Michigan] blanco" está tratando de controlar al "Detroit negro". Pero Orr, igual que Bing, no es un representante de la clase gobernante menos despiadado que Snyder y Dillon.

¿Quién respalda a este grupito de funcionarios estatales y locales? El gobierno de Obama y los intereses financieros de Wall Street que éste representa. El gobierno considera que Detroit es el modelo para establecer sus planes en todo el país. La identidad de la persona escogida para desempeñar el papel de jefe bancario muestra lo que espera a la enorme mayoría de los residentes de Detroit. Orr jugó un papel estelar en la quiebra de Chrysler, la cual formó parte de la reestructuración de la industria automotriz por parte del gobierno de Obama; reestructuración llevada a cabo con la complicidad total del sindicato United Auto Workers [Trabajadores Automotrices Unidos]. Esto resultó en el cierre de decenas de fábricas, la eliminación de diez de miles de empleos, la reducción de los salarios de los empleados nuevos en un 50 por ciento, la reducción de los beneficios, y la prohibición de las huelgas.

El programa que Orr le tiene guardado a la ciudad de Detroit es igual. Ya Bing y el Ayuntamiento han impuesto una reducción salarial en el 10 por ciento y descansado a miles de trabajadores municipales. Las reducciones a los servicios sociales más básicos han sido draconianas.

A fines de mes, bajo una nueva ley adoptada hacia finales del año pasado, Orr tendrá el poder de cancelar los contratos laborales, reducir los programas sociales y vender los recursos y bienes de la ciudad. También ha de considerar muy activamente la posibilidad de declarar en bancarrota a la ciudad, puesto que semejante movida ofrecería la razón jurídica para reducir las pensiones de las personas jubiladas.

Para todo efecto, la justificación de estas medidas es que no hay dinero para ofrecer los servicios sociales básicos. La población de Detroit, cuyo más de un tercio vive en la pobreza, presuntamente ha estado viviendo fuera de las posibilidades y ha sido muy terca para tomar las "decisiones difíciles" que exige la crisis, la cual inevitablemente se pinta, desde el punto de vista social, como acto de una naturaleza impersonal y neutral.

El pretexto de que "no hay dinero" es mentira. El déficit de Detroit es de US$327 millones. Podemos compararlo a un puñito de billonarios del estado cuyo valor neto es US$24.000.000.000; es decir, 75 veces mayor que el déficit presupuestal. Con tan solo un impuesto adicional de 10 por ciento a los nueve individuos más ricos de Michigan, el déficit de la ciudad podría ser pagado.

Los inversionistas de Wall Street que tratan de sacar grandes ganancias de la venta de bonos municipales ganan cientos de millones o millones de millones todos los años. Los gigantes de Wall Street, tales como Bank of America, JPMorgan Chase y UBS, han extraído de la ciudad más de $474 en tarifas relacionadas con la venta de deudas, según un informe de Bloomberg News.

Entre los que mayor provecho sacarán del jefe de emergencia se encuentran Mike Ilitch (valor neto: US$2.700.000.000); el propietario de Little Caesars Pizza; Daniel Gilbert (valor neto US$1.900.000.000); y el fundador de Quicken Loans. Los dos últimos han estado comprando terrenos a precios de ganga. Se juegan con que un jefe de emergencia va a "revitalizar" el centro de la ciudad.

El año pasado las Tres Grandes empresas automovilísticas, las cuales Obama señala como ejemplo de un Detroit renaciente, obtuvieron más de US$11.000.000.000 en ganancias conjuntas debido a la imposición de salarios paupérrimos. Los jefes ejecutivos principales se otorgaron a sí mismos decenas de millones de dólares.

El destino de Detroit representa el proceso por medio del cual la clase bancaria ha acumulado enormes cantidades de dinero a través del desmantelamiento de la industria y la negligencia de la infraestructura social.

Desde la crisis del 2008, cientos de millones de millones de dólares se han usado para rescatar a los bancos y aumentar el valor de las acciones a niveles inauditos. El Banco Federal de Reservas imprime US$85.000.000 todos los meses, lo que representa 260 veces el déficit de Detroit. Este dinero se le entrega a los bancos, que entonces lo usan para establecer nuevas burbujas de especulación.

Municipalidades y estados por todo el país están poniendo en práctica medidas similares a las que ahora se implementan en Detroit. A nivel nacional, luego de millones de billones de reducciones a los presupuestos, el gobierno de Obama conspira con los Republicanos para reducir en millones de millones adicionales los programas federales claves de atención médica.

Este programa de austeridad para la clase trabajadora y ganancias que baten el récord para las empresas es internacional. En Grecia, España, Italia y oros países europeos, los gobiernos que los bancos han instalado imponen condiciones de depresión económica para asegurar que las tesorerías nacionales, cuya sangre los bancos han chupado hasta dejarlas secas, pueden pagarle a los inversionistas principales y tenedores de bonos.

La crisis que la clase trabajadora encara no puede resolverse a menos que ésta parta de un ataque frontal contra las fortunas y los privilegios de las empresas y los ricos. Es por medio de la nacionalización de las empresas principales y la expropiación de la riqueza que controlan que podemos ponerle final al dominio absoluto que tienen sobre el sistema político económico.

El poder de la aristocracia bancaria moderna puede quebrarse sólo con una lucha unida de la clase trabajadora que trascienda todas las divisiones raciales, geográficas y nacionales. La clase trabajadora de la zona metropolitana de Detroit debe oponerse al jefe de emergencia estableciendo sus propias organizaciones de combate-totalmente independientes del Partido Demócrata y de los sindicatos obreros derechistas-y contraponer su propio programa socio político.

Los trabajadores deben adoptar un programa en contra de las exigencias de los billonarios y en defensa de los derechos sociales básicos: el derecho a un buen empleo y a buenos salarios; a la educación y la atención médica; y a jubilarse con un futuro seguro. Estos sólo se pueden conseguir por medio de la reorganización de la sociedad para satisfacer las necesidades sociales, no las ganancias privadas.

Las luchas sociales son inevitables. La tarea esencial de nuestros tiempos consta de establecer una dirigencia política que organice estas luchas y las dirija contra el sistema capitalista. El Partido Socialista por la Igualdad se ha dedicado a cumplir esa tarea. Llamamos a todos los que están de acuerdo con este programa, no solo en la zona municipal de Detroit sino en todo el país, que haga la decisión de integrarse al PSI y luchen por el socialismo.

 



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