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Gobierno Peruano aprueba contra-reforma en el sector público

Por Armando Cruz y Luis Arce
25 Julio 2013

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La "Ley de Servicio Civil", una "reforma"del sector público, aprobada a comienzos de mes por el congreso peruano es el último ataque a la clase trabajadora por el gobierno nacionalista de "izquierda" del Presidente Ollanta Humala. La aprobación de la nueva ley, cuyo objetivo es destruir los derechos de los trabajadores y justificar los despidos en masa, había sido programada para el fin del mes pasado, pero tuvo que ser pospuesta debido a las masivas manifestaciones de funcionarios públicos afuera de la sede del congreso.

La Central General de trabajadores del Perú (CGTP) lanzó una huelga nacional el 29 de Mayo, marchando en el centro de Lima hacia el Palacio de Gobierno en dónde confrontaron a tanques con cañones de agua y ataques policiales. Miles marcharon en provincias. En Chiclayo dos mil trabajadores cargaron un ataúd con la foto del presidente Humala. En Iquitos, capital de Loreto en la selva, los trabajadores bloquearon el acceso al aeropuerto de la ciudad. Manifestaciones también tomaron lugar en Piura, Tumbes, Trujillo, Ayacucho, Arequipa, Tacna, Puno y Cuzco. La huelga fue cancelada por la CGTP dos días después cuando la Comisión de Trabajo del Congreso decidió posponer la ratificación de la ley y se sentó a negociar con la burocracia sindical.

No obstante, el "diálogo" con la burocracia sindical no tuvo ningún efecto y la ley fue aprobada el 3 de Julio con los votos mayoritarios de Gana Perú (la coalición entre la pseudo-izquierda y el Partido Nacionalista de Humala) y Perú Posible (el partido del gran capital del ex presidente Alejandro Toledo). Mario Huamán -líder de la CGTP y un ex estalinista- anunció un nuevo día de huelga nacional.

La estadísticas macroeconómicas indican que la economía peruana se está desacelerando de manera considerable. Este factor, más la proliferación del crédito al consumidor y el aumento de tarjetas de crédito morosas representan potenciales graves problemas para el gobierno y el sector financiero en el futuro inmediato.
El diario financiero Gestión señala un "menor desempeño en los rubros ligados a la demanda interna y al estancamiento de los sectores primarios"; esto, unido a la caída de los precios de los minerales -cuya subida ha impulsado la economía del Perú en años recientes- hace temer al gobierno que pueden perder la confianza de los inversionistas si es que no envían una clara señal de que están dispuestos a realizar cualquier medida para hacer al estado más "flexible".

Esto fue dejado en claro por el ministro de economía, el neo-liberal "ortodoxo" Luis Miguel Castilla, en el foro de inversiones "Invertir Perú". "La Ley de Servicio Civil busca tener un Estado más eficiente y que avance al mismo ritmo dinámico del sector empresarial" y añadió que "tenemos una ventana de oportunidad donde esta situación de crisis nos debe hacer actuar en esas otras reformas y cambios que no traen réditos políticos ". La Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, el principal gremio empresarial del país, ha mostrado su completo apoya por la reforma.

¿Qué es la Ley de Servicio Civil? En el Perú, los funcionarios públicos están divididos en tres diferentes categorías de trabajo, las cuales definen su ingreso y beneficios: Privado, Carrera Pública y CAS (Contrato de Administración por Servicio). La nueva "reforma" pretende unir estos tres en un sólo régimen laboral estatal, lo cual afectaría a 500 mil trabajadores.

Uno de los puntos que más dan a favor los promotores de la contra-reforma es que fomentará una "meritocracia". La medida eliminaría los años de experiencia como factor de ascenso, lo cual sería determinado por evaluaciones anuales a los trabajadores. Los trabajadores que no las aprueben serían despedidos.

Esto representa un ataque directo contra los trabajadores de mayor edad, ya que se puede dar el caso que los más jovenes los supere en la prueba debido a sus mejores condiciones físicas, lo cual no significa que en situaciones de peligro o difíciles el joven este mejor capacitado, precisamente donde la experiencia tiene un gran valor para resolver problemas complejos o salvar vidas. Dicho en otras palabras, la ley facilitaría el despido de los trabajadores con mayor experiencia quienes han dedicado sus vidas al servicio público, y permitir su reemplazo con trabajadores jóvenes con menores sueldos mientras que ahorro en salarios al reducir los años de servicio.

Altos oficiales gubernamentales han declarado en repetidas ocasiones que la "reforma" no significa ningún "regreso a la década de los noventa"; en referencia a la ola despidos y destrucción de derechos laborales que vino con las reformas neo-liberales en la era en que gobernaba el régimen autoritario y derechista del presidente Alberto Fujimori. Sin embargo, la CGTP declaró que la nueva ley prohibiría "la supervisión del Ministerio de Trabajo, eliminaría los sindicatos y reduciría por la mitad el tiempo de vacaciones".

Las explicaciones que se han dado para negar los despidos en masa tampoco son suficientes. Se reporta que si el gobierno acepta incluir a todos los 150,000 trabajadores bajo el sistema CAS en un nuevo régimen unificado, tendría que necesitar gastar 50 millones de soles en nuevas planillas estatales. Esto en un momento en el cual el gobierno de Humala pretende demostrar que puede achicar al estado en beneficio de las inversiones.

La ley incluso ha llamado la atención de la Organización Internacional del Trabajo -una de las ramas de la ONU que es totalmente sumisa a los bancos y finanzas internacionales- el cual, en un comunicado al gobierno, ha denominado a la reforma como "desequilibrada" y ha hecho eco de las principales quejas y denuncias de los trabajadores.

Si bien la CGTP se ha visto forzada a "luchar" la nueva ley con sus huelgas de un sólo día y su infructuoso diálogo, un reporte sobre una de sus marchas al congreso del diario La Primera -que actúa como portavoz de la pseudo-izquierda- resulta revelador: "Él (Huamán) fue recibido por el legislador nacionalista Daniel Abugattás (uno de los aliados más cercanos de Humala y según se informa un amigo personal de Huamán) (...) después de expresar su apoyo por las políticas del gobierno exigió el cumplimiento de las demandas sociales y advirtió que su apoyo (hacia el gobierno) no es ningún cheque en blanco".

A comienzos del mes pasado, el semanario de izquierda "Hildebrandt en sus trece", informó sobre la creación de CONSEDE (Coordinadora de Sindicatos de Empresa del Estado), una nueva confederación sindical -conformada por los sindicatos de controladores aéreos y de SEDAPAL, la empresa pública del agua- que pretende hacer de rival a la CGTP. Huamán respondió minimizando el tamaño de esta nueva organización, aludiendo a que es obra de partidos de derecha quienes están tratando de "dividir" el movimiento obrero.

En sus declaraciones, los funcionarios de estos dos sindicatos declararon que los ha "unido" la desconfianza a la CGTP, a la que consideran "politizada, vieja, apolillada y cercana al gobierno". Si bien esta nueva organización no plantea un quiebre con el programa u métodos políticos de la CGTP, es un reflejo distorsionado del disgusto y creciente oposición a las "organizaciones obreras" oficiales.

Desmintiendo las noticias "positivas" promocionadas por el gobierno, de que el Perú es uno de los principales focos de atracción para la inversión extranjera, el número de conflictos sociales nunca cesaron desde que Humala asumiera el poder. Estas luchas, relacionadas a la minería y al medio ambiente, se han concentrado principalmente en los pueblos y villas pequeñas afuera de Lima, la capital. Ahora a estás se unen las demandas de los trabajadores gubernamentales, quiénes llevan su lucha a las principales ciudades del Perú.

Más aun, el significado de la huelga de los trabajadores gubernamentales, entre los cuales se encuentra el importante sector de salud, es que América Latina y el Perú no están exentos de la crisis mundial desatada en 2008. Más bien, junto a las recientes millonarias manifestaciones en Brasil contra el corrupto gobierno del Partido de los Trabajadores de Dilma Rousseff, el masivo movimiento estudiantil en Chile del año pasado contra el presidente derechista y multimillonario Sebastián Piñera, el resurgimiento de huelgas en Perú es parte integral de la lucha de la clase trabajadora internacional contra un sistema capitalista mundial en bancarrota.

Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 28 de agosto, 2012.

La cifra de muertos en la peor catástrofe de la industria petrolífera venezolana en décadas se elevó a 41 el domingo mientras los bomberos continuaban luchando contra las llamas que emergían de dos tanques de almacenamiento en la refinería de Petróleos de Venezuela (PDVSA), industria del estado en Amuay en la costa occidental caribeña de Venezuela.

El gobierno del Presidente Hugo Chávez declaró tres días de luto nacional para las víctimas de la explosión que destrozó la enorme instalación en la madrugada del domingo. Entre ellas se encontraban 18 miembros de la Guardia Nacional de Venezuela, cuyas barracas se encontraban justo en las afueras del almacenamiento petrolífero de Amuay. Otros 17 civiles murieron, incluyendo un niño de 10 años, y seis cadáveres aún tienen que ser identificados.

La explosión también envío una onda de choque a los vecindarios cercanos que destrozó unos 200 hogares y varios negocios. Los residentes le informaron a la prensa que al comienzo pensaron que la explosión era un terremoto. Evacuados en estado de shock, muchos regresaron pronto por miedo a los saqueos.

Otras 80 personas resultaron heridas por la explosión; dos de ellas murieron el domingo. Se espera que la cifra de muertos se eleve ya que muchas otras personas aún no han aparecido, El accidente ya representa uno de los peores de la industria petrolífera en tiempos recientes, sobrepasado tan sólo ligeramente por el incendio de 1997 en la refinería de la Hindustan Petroleum en Visakhapatnam, India, en la que murieron 56 personas, y muy por encima de la cantidad de víctimas en la explosión de la refinería de BP en Texas City en el 2005, en la que murieron 15 trabajadores. En la misma Venezuela, es el peor accidente desde 1982, cuando 160 personas murieron en la explosión de dos tanques de combustible en la planta de fuerza eléctrica Ricardo Zuluaga en las afueras de Caracas.
Chávez, quién se ha postulado para un tercer término como presidente de Venezuela en las elecciones del 7 de Octubre, visitó el lugar del desastre el domingo y prometió que se realizará una investigación completa de la causa de la explosión.

Mientras estuvo ahí, le respondió con enojo a un reportero que repitió varias declaraciones de los que vivían cerca de la refinería, quienes aseguraron haber olido una fuga de gas varios días antes de la explosión.

"No hay manera de que hubiese podido haber una fuga de gas durante tres o cuatro días y de que nada hiciese nada al respecto", declaró.

El presidente venezolano sugirió que la tragedia estaba siendo manipulada por la oposición de derecha para favorecer sus posibilidades en las elecciones venideras. En particular, insistió en que las acusaciones de que el accidente estuviese vinculado a una falta de mantenimiento carecían de fundamento. "¿Falta de mantenimiento? Quién puede afirmar eso ahorita mismo con seriedad? Nadie. Un irresponsable o alguien a la ligera", Y añadió: "Yo les recomiendo no caer en especulaciones" y que todo el suceso coincidía con cierta línea de opinión generalizada.

El presidente puntualizó: " Sería muy lamentable que algunos venezolanos trataran de usar el dolor de las víctimas para sacar provecho de la situación".

El principal adversario de Chávez en las próximas elecciones, Henrique Capriles Radonski, gobernador de derecha que jugara un importante papel en el abortado golpe patrocinado por la CIA en el 2002 con el propósito de derrocar a Chávez, restringió sus comentarios, inmediatamente después del desastre, a declaraciones de simpatía por las víctimas. No obstante, algunos de sus partidarios políticos y secciones de los medios de derecha han intentado usar la explosión para condenar al gobierno de Chávez.

En particular, ellos lo vinculan a la huelga administrativa del 2003 en PDVSA, cuando Chávez despidió unos 18,000 empleados que intentaron paralizar la industria en una huelga política que tenía como objetivo derribar al gobierno. Capriles ha prometido recontratar a todos estos empleados. La derecha también acusa de que la industria petrolífera ha sufrido debido a la desviación de los ingresos al pago de los programas de viviendas y de otras asistencias sociales del gobierno.

Varios de los partidarios de Chávez han especulado que la explosión podría ser el resultado de un sabotaje organizado por la derecha venezolana y sus patrones en Washington. El desastre se ha desarrollado bajo condiciones de una creciente tensión política en Venezuela, con indicios de que Washington podría estar preparando acciones que tienen como objetivo cambiar el resultado en las urnas. A comienzos de este mes, el gobierno venezolano informó haber capturado un ex marino estadounidense y mercenario sospechoso tratando de entrar al país ilícitamente.

Venezuela se encuentra entre los cinco principales países que exportan petróleo a los EE.UU., pero recientemente ha buscado dirigir una mayor porción de sus exportaciones petrolíferas a China.

A pesar de las acusaciones de Chávez contra sus adversarios derechistas, son los sindicatos que representan a los trabajadores del sector petrolífero los que han lanzado las acusaciones más duras: negligencia y falta de mantenimiento.

Iván Freites, miembro del comité ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores del Petróleo de Venezuela (FUTPV), imputó que su sindicato había estado advirtiendo por algún tiempo que "podría haber problemas en la refinería".

"La inversión en la industria no existe", declaró. "Hemos estado criticando esto por los últimos tres años".

Freites declaró a Noticias24 que "desde finales del año pasado nosotros hemos venido denunciando la cantidad de sucesos que está pasando en el centro refinador Paraguaná y las refinerías del país". Afirmó que el mantenimiento se había retrasado por meses y que las reparaciones se hacían con partes recicladas, dejando a las refinerías en una "situación delicada".

Freites exigió de que la refinería debería cerrarse hasta que se pueda asegurar: "La refinería tiene que ser sacada de operación. Hay que olvidarse de si producimos o no o si vamos a perder las elecciones". Añadió que la vida de la gente y las condiciones de los trabajadores, quienes viven aterrorizados, vienen primero.

Orlando Chirino, ex líder sindical de los trabajadores petrolíferos que se ha lanzado como candidato presidencial del Partido Socialismo y Libertad (PSL), censuró las declaraciones del presidente de PDVSA y ministro de la energía, Rafael Ramírez, quién sugirió que la explosión fue resultado de un accidente por casualidad. Declaró que él y otros dentro del sindicato habían advertido por años que "en la industria petrolífera los accidentes se deben a la falta del mantenimiento rutinario y a la falta de inversiones, y también al incumplimiento de protocolos de seguridad ya establecidos". Ha llamado a que se realice una investigación independiente y que Ramírez renuncie inmediatamente.

José Bodas, secretario del FUTPV, describió al desastre como "la crónica de una muerte anunciada", título de una novela del autor colombiano, Gabriel García Márquez. En una entrevista con el diario venezolano, El Universal, declaró que se debería establecer un sistema de emergencias en PDVSA que funcione, y recurrió al Presidente Chávez para que se permita una investigación independiente.

Boas y Chirino, quienes trabajaron en la refinería de El Palito en el estado norcentral de Morón, publicaron conjuntamente un informe en 2010 acerca de la falta de mantenimiento e de inversiones en la industria, advirtiendo que ésta estaba "ponía en riesgo las vidas y salud de los trabajadores y de terceros".

El funcionario sindical declaró que las advertencias fueron ignoradas. "La junta administrativa de PDVSA y el Ministro Ramírez deberían ser enviados a prisión", declaró. "Los centros de trabajo no pueden se pueden convertir en lugares de muerte. Exigimos de que PDVSA invierta en el mantenimiento".

El desastre de la refinería de Amuay ha llegado en un tiempo político particularmente malo para Chávez, quién ha buscado incrementar la popularidad de su gobierno con promesas de aumentar la producción de petróleo en Venezuela, confirmada como las mayores reservas de petróleo crudo en todo el planeta.
Esto también ha puesto en relieve las crecientes tensiones entre su gobierno y la clase trabajadora venezolana, la cual encontró su expresión la semana pasada en un mitin en el que los trabajadores metalúrgicos y de otras industrias ahogaron el discurso del presidente con exigencias para nuevos contratos.

 



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