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El gobierno peruano aplasta disturbios en mercado de Lima

Por Armando Cruz
12 Noviembre 2012

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Cuatro muertos, más de 100 heridos y muchos más detenidos fue el saldo de la represión de un disturbio en La Parada -un viejo mercado mayorista en el distrito obrero de La Victoria, ubicando en el centro Lima- por el gobierno del presidente peruano Ollanta Humala y la alcaldía de la presunta alcaldesa "izquierdista" Susana Villarán.

Por décadas, La Parada ha sido el principal mercado mayorista de la capital. Conocido por su falta de medidas de precaución, normas de salubridad y seguridad, la alcaldía de Villarán decidió clausurar el mercado para siempre. Un nuevo mercado ha sido construido en el distrito este de Santa Anita y más de 200 vendedores ya se han mudado. Sin embargo, cientos de otros se rehusaron a ir; ellos insistieron en que los alquileres en el nuevo mercado eran demasiado altos y sus clientes no viajarían hasta tan lejos.

Confrontada con esta resistencia, Villarán pidió a la policía de que organizaran una operación de represión.

El 25 de Octubre maquinaria pesada fue traída para colocar murallas de concreto en frente de la entrada del mercado, provocando el estallido de los disturbios. Alrededor de las 11 AM, estaciones de televisión locales comenzaron a reportar una "batalla campal" entre los trabajadores de La Parada y 500 policías. Los manifestantes -la mayoría de ellos, jóvenes y varones- se armaron con piedras y palos y no mostraron temor ante la policía, la cual respondió con gases lacrimógenos y ataques a caballo. Dos personas fueron baleadas por la policía; casi un centenar adicional fue herido.

El nivel de la violencia y la tenacidad mostrada por los trabajadores conmocionó a la clase dirigente de Lima y las secciones más acomodadas, quienes estaban acostumbradas a ver esta clase de violencia sólo cuando los denominados "conflictos sociales" erupcionaban en áreas mineras lejos de la capital. Como el diario El Comercio reportó: "Es perturbador ver esta clase de protestas tan sólo a unas cuadras de la sede del gobierno".

Prácticamente todos los partidos políticos -desde la "izquierda" nominal hasta la extrema derecha- denunciaron las protestas y alabaron la acción policíaca, mostrando ninguna simpatía por los muertos y los heridos quienes, ellos afirmaron, no eran nada más que "ladrones", "matones" y "delincuentes" que habían sido "contratados" por los vendedores para detener el cierre del mercado.

La prensa en particular desempeñó un papel sucio y vengativo. Esta se alineó detrás de la campaña de calumnias de los políticos y repitieron sin ninguna comprobación de que todos los manifestantes eran unos "criminales", además de publicar fotos de sus rostros para que pudiesen ser identificados por las autoridades. El Ministro de Interior Wilfredo Pedraza incluso anunció la creación de líneas telefónicas en los cuales cualquiera podría llamar para informar a la policía del paradero de los manifestantes.

Aunque es cierto de que pandillas callejeras involucradas en el hurto rápido y el tráfico de drogas paran por La Parada, la campaña de los políticos y los medios tenía como objetivo oscurecer un hecho más explosivo: fue una protesta de la clase trabajadora por la defensa de trabajos y sustentos de vida llevada a cabo por las secciones más empobrecidas de la población capitalina.

Reportes conmovedores han emergido sobre la desesperación de vendedores y trabajadores que perderían sus sustentos de vida si es que fuesen desalojados de La Parada. Ellos se han quejado de que a pesar de bajar los precios de los productos que venden -mayormente carne y vegetales- pocos consumidores ahora vienen al mercado. José Gallo, abogado de los comerciantes del mercado, declaró que denunciaría al estado por "abuso de autoridad" por el desalojo forzado. Los vendedores han amenazado con irse a la huelga.

Incluso aquellos que pudieron pagar el alquiler en el nuevo mercado han denunciado que las autoridades los engañaron y que cuando llegaron con sus productos no había ningún espacio para ellos en el nuevo mercado. Más de 3,000 trabajadores manuales -carretilleros y estibadores- se mostraron a la entrada del nuevo mercado protestando por el hecho de que la alcaldesa les había prometido que conservarían sus trabajos.

El día de la erupción de los disturbios coincidió con el anunció del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de que su presidencia había aprobado una campaña de revocación de la alcaldesa Villarán.

La figura política detrás de la campaña de revocación es Marco Tulio, un aliado del ex alcalde de Lima y candidato presidencial Luis Castañeda, y miembro de su partido político de derecha Solidaridad Nacional.

A pesar de que el concepto de revocatoria sólo se aplica cuando una autoridad local ha cometido "un grave caso de corrupción" (algo que Villarán no ha hecho) Tulio ha declarado que su campaña tiene como objetivo botar a la alcaldesa por su administración "incompetente e ineficaz". La campaña le ha costado a Tulio un millón de soles, cuya fuente se ha rehusado a divulgar. Otras figuras de derecha apoyan la revocatoria porque no pueden tolerar ver a una "socialista de izquierda" en el que es considerado como el segundo puesto más importante en el país después de la presidencia.

De manera reveladora, la campaña de revocatoria fue lanzada poco después de que la administración Villarán anunciara de que iba a investigar un escándalo de corrupción que involucraba a la administración de Castañeda, el aliado de Tulio. Han surgido reportes sobre procedimientos sospechosos y fraudulentos en la recolección de firmas para la revocatoria, y para muchos limeños está claro de que el mismo Castañeda es quién está detrás de todo.

En cuanto a Villarán, a pesar de la evidencia de corrupción y fraude en la campaña, en ningún punto la "alcaldesa reformista" buscó montar una lucha contra Tulio y Castañeda y exponer sus verdaderos motivos. Sú unico intento de defensa fue pedir al JNE de que investigara la recolección de firmas.

Elegida en el 2010 como expresión de disgusto y rechazo popular a los políticos tradicionales, Villarán se ha movido sostenidamente hacia la derecha y su administración ha mantenido las garras del gran capital sobre la ciudad. Su evolución, sin embargo, no es asunto de sus políticas personales, sino reflejo de una generación entera de políticos de "izquierda" quienes han hecho las paces con el dominio burgués.

Después de haber sido criticada por insuficiente represión en el primer disturbio, la alcaldesa decidió probar de que se podía confiar en ella para restaurar el "orden". El sábado 27 de Octubre, 5,000 policías (en uniformes y en ropa civil) marcharon hacia las puertas de La Parada para instalar bloques de concretos adicionales. Esta vez estaban armados con armas y municiones de verdad y protegidos por camiones de policías. El saldo fue otros dos muertos y más de 100 heridos.

Los políticos y la prensa una vez más alabaron la acción policíaca. Villarán declaró de que una vez que el mercado estuviese completamente vació, su espació sería usado para una masiva estación policial. El Ministro de Interior declaró de que las "lecciones habían sido aprendidas" y de que la policía iba a "iniciar un programa de entrenamiento con personal de otros países".

Al día siguiente, la policía arrestó a 102 personas que supuestamente estaban conectadas de una u otra manera con las protestas. Muchos de ellos en frente de sus familias fueron arrastrados de sus casas e inmediatamente enviados a prisión, en donde aguardarán el juicio. De acuerdo a las autoridades, sus sentencias serán "drásticas".

Nada puede ilustrar más gráficamente la incapacidad de la clase dirigente peruana en resolver los problemas más urgentes de la sociedad que la represión en La Parada. Esta responde con medidas militares y policíacas a conflictos que surgen de problemas socio-económicos cuyas raíces yacen en el corazón del capitalismo mismo: la pobreza, la falta de empleos y la inhabilidad de usar los amplios recursos de la sociedad para satisfacer las necesidades humanas (incluyendo aquel del desarrollo urbano racional). Estos son problemas que nunca se resolverán eligiendo a éste o a aquél "rostro nuevo", sino solamente a través de la construcción de un partido revolucionario e internacionalista de la clase trabajadora que luche por el socialismo.

 



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