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Argentina parcialmente re-nacionaliza a la compañía de petróleos YPF

Por Bill Van Auken
1 Mayo 2012

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La semana pasada la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner anunció que su gobierno expropiaría 51 por ciento de la compañía petrolera YPF de su dueño español Repsol (YPF había estado previamente administrada por el estado). El anuncio provocó denuncias y amenazas de gobiernos y corporaciones españolas y europeas, junto con reprobaciones en los medios occidentales. También evocó elogios por parte de elementos de la "izquierda" pequeño burguesa en Latino América y en otras partes.

Fernández realizó su anuncio en el palacio presidencial, de pie delante de una larga imagen de Evita Perón, el ícono populista argentino de los cincuenta. Ella describió su acción como un "modelo para la recuperación de la soberanía y control de un instrumento fundamental", añadiendo que era una política que "debería unir a todos los argentinos".

En efecto, la reafirmación del control estatal sobre la compañía tiene un abundante apoyo en Argentina, con las encuestas mostrando un 80 por ciento de la población en favor de la medida.

Similares porcentajes se opusieron a su privatización en los noventa bajo el previo gobierno peronista del presidente Carlos Menem. La venta de la compañía junto con un puñado de otras empresas estatizadas fue la pieza central de la política neo-liberal respaldada por el Fondo Monetario Internacional el cual llevó a un fuerte incremento en el desempleo y pobreza de la clase trabajadora argentina.

En 1999, Fernández Kirchner y su difunto esposo, Néstor Kirchner, entonces una legisladora peronista y un gobernador peronista de la provincia petrolera de Santa Cruz y futuro presidente respectivamente, apoyaron por completo el esquema de privatización y la venta del 99 por ciento de las acciones a Repsol.

El senado argentino votará en la parcial re-nacionalización esta semana, y se espera una decisión final por el congreso en pleno el 3 de mayo. Ya que el gobernante Partido Justicialista (PJ) peronista controla ambas cámaras y un amplio apoyo por la medida viene de la mayoría de otros partidos, su aprobación está asegurada.

No obstante, en España y Europa y también en las páginas de la prensa financiera, ha habido amenazas y gritos de protestas. Juan Manuel Soria, el ministro de industria de España, advirtió: "El gobierno de España defenderá los intereses de Repsol y de otros negocios españoles que operan en el resto del mundo".

El gerente general de Repsol Antonio Brufau, cuya compensación total fue de 10.2 millones de euros ($13.5 millones) el año pasado, advirtió que "estos actos no quedarán impunes".

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció que Washington se encontraba "muy preocupado" por la acción de Argentina y urgió al gobierno a que "normalice sus relaciones con los inversionistas".

De manera significativa, tanto el Partido Socialista (PSOE) de la oposición y las principales federaciones sindicales, la UGT, afiliada con el Partido Socialista, y las Comisiones Obreras (CC.OO.) afiliadas con el Partido Comunista, alineándose detrás del gobierno derechista en Madrid y las multinacionales de España, emitieron declaraciones condenando la expropiación argentina.

El PSOE aseguró al gobierno del primer ministro Mariano Rajoy que "puede contar con nosotros y de que estamos seguros que esto puede ser finalmente arreglado e invertir una decisión dañina".

Los CC.OO. denunciaron a Argentina por una "medida que causará un grave daño a los accionistas, sobretodo a los más pequeños, a los trabajadores y a la economía española".

La UGT, como si fuese la oficina colonial de España, "condenó" a la acción argentina como una "agresión inaceptable contra los intereses económicos españoles".

José Manuel García-Margallo, el ministro de relaciones exteriores de España, trató de bajar el tono de la retórica después de un encuentro de ministros de la Unión Europea. El capital español tiene $23 mil millones en inversiones en Argentina.

"No estamos cuestionando el derecho de Argentina de obtener independencia en suministros energéticos, aunque en mi opinión eso es un error en el siglo 21", declaró. "Lo que estamos cuestionando es si pueden expropiar una compañía sin pagar a los accionistas".

Repsol ha exigido que Argentina pague $10.5 mil millones en compensación por la expropiación, una tasa que refleja sus precios de acciones más altos. El gobierno argentino ha declarado que no aceptará los términos de Repsol.

Aunque la retórica suena a veces como si España estuviese contemplando la reconquista de su ex colonia, la única acción concreta que ha anunciado es un alto a la compra de biodiesel argentino, algo que al parecer ya había sido planeado y cuyo mayor impacto será hacer subir los precios para los consumidores españoles.

Al justificar la expropiación de la mayoría de acciones de Repsol en YPF, el gobierno argentino ha indicado una inminente crisis energética para la Argentina: la producción de petróleo ha caído 22 por ciento en la década pasada incluso cuando la demanda ha aumentado 40 por ciento. Como resultado, el gobierno argentino ha sido obligado en gastar miles de millones de dólares para importar combustible.

Fernández y sus ayudantes han culpado de esta crisis al "saqueo" de Repsol del YPF, así como también del pago de la gran mayoría de las ganancias de la compañía en dividendos a sus accionistas; no invertir en la producción; y no incrementar el rendimiento para alcanzar la creciente demanda.

Aunque todos estos cargos son ciertos -algo que se refleja en el obsceno salario del gerente Brufau- el gobierno argentino ha sido totalmente cómplice en esta operación de saqueo.

Creado por el presidente Hipólito Yrigoyen en 1922, YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales) fue la primera corporación de petróleo estatizada en el mundo. El objetivo de sucesivos gobiernos argentinos fue el de utilizar la firma para alcanzar independencia energética y como una fuente de ingresos que financiase la mayoría de la infraestructura del país. Por los años sesenta, el petróleo importado había sido reducido aproximadamente a un sexto de la demanda total.

Aunque previos gobiernos usaron a la firma estatizada para propósitos políticos, el saqueo total de YPF se desplegó en los últimos años de la dictadura militar que gobernó al país entre 1976 y 1983, cuando esta fue colocado bajo el control del Gen. Guillermo Suárez Mason. El general también fue responsable de administrar algunos de los campos de prisioneros y centros de tortura más infames del país, en donde muchos de los 30,000 "desaparecidos" fueron asesinados.

Suárez Mason, quién murió en el 2005 mientras aguardaba ser enjuiciado por asesinato, secuestro y el robo y venta de bebés de prisioneros políticos, desvío grandes sumas de dinero de YPF a sus cuentas personales como también a los "contras" nicaragüenses, la logia fascista P2 y otros grupos de derecha. En 1983, al final de su reinado como el director de la firma, YPF registró una perdida de $6 mil millones, en aquel tiempo la más grande para cualquier firma en el mundo.

El presidente Carlos Menem, el peronista de derecha que perdonó a Suárez Mason, organizó la privatización de YPF junto con la oficina de correos, el sistema ferroviario, la compañía de teléfonos y las empresas de servicios públicos del gas, electricidad y agua. Hubo, una vez más, saqueo por compañías privadas en alianza con oficiales gubernamentales.

Fue Néstor Kirchner, elegido presidente en el 2003 y "co-presidente" de Fernández entre su elección en el 2007 y su muerte en el 2010, quién decidió forzar a Repsol a que inicie una "argentinización" de YPF. Esto involucraba ayudar a un adinerado amigo y partidario de los Kirchners, Enrique Eskenazi, el jefe de una firma de construcción sin experiencia en la industria petrolera, a comprar 25 por ciento de acciones de la firma. Eskenazi lo logró bajo condiciones extremadamente favorables, sin poner un pago inicial y con un acuerdo bajo el cual Repsol cubriría sus pagos en unos $3.45 mil millones en deuda con dividendos que representaban el 90 por ciento de las ganancias de la compañía. Repsol retiro a su propio director del YPF e instaló a Eskenazi en sus oficinas de Buenos Aires.

Por lo tanto, el pago de la mayoría de las ganancias de YPF como dividendos en vez de reinversión en producción fue una parte integral del acuerdo elaborado por los Kirchners para beneficiar a uno de sus compinches. El parasitismo fue impulsado no sólo por el capital español, sino por sus compañeros argentinos con conexiones políticas.

Asimismo, un tope de precios gubernamental de $55 el barril desalentó el deseo de Repsol de invertir en Argentina en un momento cuando el petróleo se estaba comercializando en el mercado mundial a $100. La compañía movió su capital a Brasil, Trinidad y Bolivia.

Desde entonces, dicen algunos reportes, ha habido una ruptura entre el gobierno y Eskenazi. También hay reportes de que Repsol estaba negociando un acuerdo para vender sus intereses en YPF a la empresa estatal china, Sinopec.

No hay ninguna indicación de que la medida de Fernández de tomar un interés en controlar YPF esté vinculado con cualquier política energética coherente o de que dictará un fin a la corrupción política que rodea a los acuerdos del gobierno con la firma. En primer lugar, el gobierno pueda que quiera usar a YPF para obtener activos para cubrir su déficit comercial y satisfacer la necesidad de pagos extranjeros.

El domingo, el Ministro de Planeamiento Julio de Vido y el Viceministro de Economía Axel Kicillof, nombrados como supervisores estatales de YPF, anunciaron que el Lunes comenzaron reuniones con las principales compañías de petróleo para solicitar inversiones extranjeras. Reuniones con Total de Francia y Petrobras de Brasil, fueron seguidas rápidamente por negociaciones con ConocoPhillips, Chevron, ExxonMobil y otras compañías. Uno de los objetivos de estas negociaciones es asegurar tanto el capital y la pericia para desarrollar un campo de esquisto recientemente descubierto, Vaca Muerta, el cual se cree que puede ser el tercero más grande del mundo.

Esta prisa para obtener capital extranjero señala la realidad detrás de la "recuperación de la soberanía". Al final, será la clase trabajadora argentina la que pagará el precio de compensar a Repsol, asegurando las ganancias de los nuevos gigantes petroleros multinacionales que la reemplacen, y subsidiando la corrupción del gobierno peronista. Esto, más temprano que tarde, tomará forma bajo el aumento de precios de combustibles, peores estándares de vida y la aceleración de la inflación.

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