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Reportes de Derechos Humanos saca a la luz desapariciones y tortura llevados a cabo por las fuerzas de seguridad de México

Por Bill Van Auken
4 Junio 2012

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Reportes anuales de derechos humanos emitidos tanto por el Departamento de Estado de EE.UU. y Amnistía Internacional esta semana presentan una descripción condenatoria de las catastróficas condiciones en México como resultado de la "guerra contra las drogas" que es respaldada por Estados Unidos, la misma que ha cobrado 50,000 vidas desde el final del 2006.

Aunque ambos atribuyen el mayor número de muertes a los carteles de crimen organizado que controlan el tráfico de drogas, los dos reportan también explican detalladamente la brutal represión llevada a cabo por las fuerzas de seguridad del país, las cuales frecuentemente trabajan en tándem con los carteles de la droga.

"A veces en el contexto de la lucha contra las OCT (Organizaciones Criminales Transnacionales), pero a veces también sin relación con ellas, las fuerzas de seguridad presuntamente participaron de matanzas ilegales, desapariciones forzadas y casos de abuso físico y tortura", informa el Departamento de Estado en su sección sobre México en el "Reporte por Países sobre practicas de Derechos Humanos 2011".

Entre los casos de matanzas ilegales el reporte del Departamento de Estado hace hincapié en la de Joaquín Figueroa Vásquez, cuya evidencia muestra que fue sometido a "tortura y un posterior asesinato tipo ejecución" a manos de fuerzas de seguridad estatal y federal.

También se señaló la matanza en el 2010 de dos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Monterrey por soldados. Mientras que una investigación determinó que las pistolas fueron plantadas en sus cadáveres para cubrir el crimen, nadie ha sido arrestado en el caso. Un caso similar es la del asesinato de Martín y Bryan Almanza Salazar, de cinco y nueve años, en el 2010. Las tropas, quienes dispararon y mataron a los niños en la carretera que lleva de Nuevo Laredo a Reynosa, luego movieron los cadáveres para dar la impresión que habían sido atrapados en un fuego cruzado entre el ejército y una pandilla criminal.

El reporte declara que "hubieron múltiples informes de desapariciones forzadas por el ejército, marina y policía". El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas por las Desapariciones Forzadas o Involuntarias descubrió durante una visita en Marzo de que el número de desapariciones se había triplicado el año pasado en comparación con el 2010.

Un incidente tomó lugar el 26 de Marzo del año pasado, cuando la policía municipal en Ciudad Juárez detuvo a Juan Carlos Chavira, Dante Castillo, Raúl Navarro y Félix Vizcarra. "Miembros de la familia de las víctimas encontraron su camioneta abandonada el 27 de Marzo en un túnel lejos de donde habían sido detenidos. El 14 de Abril, los cadáveres de los cuatro hombres perdidos fueron descubiertos". Tres policías locales fueron arrestados al mes siguiente, pero a partir de finales del 2011 ninguno de ellos ha sido condenado por algún crimen.

El reporte también señaló el caso de Raúl Evangelista Alonso, quién fue arrastrado de su hogar por soldados en Chilpancingo en el estado de Guerrero en Febrero del 2010, y Roberto González Mosso, quién fue secuestrado en la misma ciudad unos pocos días después por hombres enmascarados que se identificaron a sí mismos como investigadores especiales del crimen organizado. A partir de finales del 2011, ningún individuo ha sido vuelto a ver y no hay ninguna información sobre su estado.

La ley mexicana prohíbe la tortura y la admisión de confesiones como evidencia cuando son extraídas bajo tortura. Supuestamente las confesiones son extraídas sólo por fiscales después de que un sospechoso ha sido examinado por un doctor para confirmar de que no ha sido sometido a tortura. El Departamento de Estado, sin embargo, cita el descubrimiento hecho por la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) de que en múltiples casos ha habido "falsificación de registros médicos para encubrir la tortura". Este cita un reporte de Noviembre del 2011 del Human Rights Watch sobre las fuerzas de seguridad en cuatro estados mexicanos que comúnmente usan métodos de tortura que incluyen "golpizas, asfixia con bolsas de plástico, submarino (waterboarding), descargas eléctricas, tortura sexual y amenazas de muerte".

El reporte describe a las condiciones de las prisiones mexicanas como "pobres", además de señalar que los prisioneros son colocados en régimen de aislamiento por períodos indefinidos y son obligados a "chantajear a los guardias para obtener comida, medicina y otras necesidades". La superpoblación en muchos casos crea "condiciones terribles y que a veces ponen en peligro a la vida a los prisioneros". Se afirma que las condiciones son incluso peores para las prisioneras mujeres, quienes en muchos casos viven en prisión con sus hijos, pero sin obtener alimento extra, y son sometidas a abuso sexual y físico.

El reporte reconoce que el despliegue de las fuerzas armadas para conducir la guerra contra las drogas ha llevado hacia un fuerte incremento en los abusos de derechos humanos. Señala que el ejército no tiene "un protocolo claro para el uso de fuerza y reglas de enfrentamiento". Las quejas archivadas en el SEMAR, la Secretaría de la Marina que supervisa a la Marina y a los infantes, quienes han jugado un prominente rol en la represión, se duplicó entre el 2010 y 2011, de 198 a 495. La mayoría de los casos son manejados por un sistema de justicia militar, cuyos métodos opacos han "contribuido a la impunidad".

El reporte también nota que la violencia asociada con la guerra contra las drogas ha tenido un efecto importante en la auto censura en el periodismo mexicano. Por lo menos nueve periodistas han sido asesinados el año pasado, mientras que otros han sufrido desapariciones, secuestros, violencia y amenazas de muerte.

También es reconocido el hecho de que la mayoría de trabajadores mexicanos son formalmente representados por "sindicatos de protección" que son reconocidos por el estado y controlados por los empleadores; intentos de organizar sindicatos independientes son reprimidos por consejos estatales de trabajo y por la violencia de matones así como también con despidos en masa de aquellos involucrados.

El reporte dio una admisión bastante corta de los horrores que confrontan los trabajadores inmigrantes que cruzan México; este cita un reporte del CNDH que señala que 11,330 inmigrantes fueron secuestrados entre Abril y Setiembre de 2010 así como también de la absurda afirmación del gobierno de que tan sólo 233 casos han sido registrados.

La crítica al gobierno mexicano en el reporte de Amnistía Internacional fue más nítida. El gobierno "no tomó medidas efectivas para prevenir o investigar amplias violaciones de derechos humanos cometidas por el ejército y la policía, estas incluyen las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, la tortura y los arrestos arbitrarios", el reporte señala. Añade: "Aquellos responsables por la mayoría de crímenes, incluyendo ataques a los periodistas, defensores de derechos humanos y mujeres, no fueron obligados a rendir cuentas".

Yendo más lejos que el Departamento de Estado, el reporte de Amnistía hace hincapié en la colusión entre el ejército, la policía y los oficiales de inmigración, por un lado, y los cárteles de droga por el otro.

Más aún, este cubre un elemento importante de la situación de los derechos humanos en México que el Departamento de Estado ignora por completo: "El gobierno estadounidense soltó financiamiento adicional relacionado a la seguridad y otras transferencias de dinero a México como parte de la Iniciativa de Mérida, un acuerdo trianual de cooperación y seguridad regional... a pesar del continuo fracaso del gobierno mexicano de satisfacer las condiciones de derechos humanos". El reporte además cita a "una fallida operación estadounidense para traquear armas llevadas como contrabando hacia México" -conocido como "Rápidos y Furiosos"- el cual "remarca la ausencia de mecanismos efectivos para prevenir a bandas criminales de que obtengan armas en el país".

En otras palabras, el ejército estadounidense está armando ambos lados en la guerra contra las drogas y proveyendo apoyo militar y financiero así como asesores a las fuerzas de seguridad mientras ésta comete las atrocidades detalladas en ambos reportes.

Que esta información haya sido omitida en la del Departamento de Estado no es para nada una aberración. Las políticas y acciones del gobierno estadounidense están excluidas de cualquiera de los reportes de los países, lo cual conduce a las absurdas conclusiones de las situaciones en muchas naciones. En Afganistán, por ejemplo, el reporte reseña categorías como asesinatos arbitrarios y detenciones, desapariciones y tortura sin ni siquiera mencionar que el país está siendo ocupado por una fuerza extranjera dirigida por EE.UU. que es responsable por miles de acciones como esas.

El "Reporte por Países sobre practicas de Derechos Humanos 2011" fue introducido hace 35 años por la administración democrática del Presidente Jimmy Carter, el cual inició el giro hacia el incremento del uso de derechos humanos como un pretexto para las intervenciones estadounidenses en el extranjero. Aunque incluyen suficiente información de los crímenes y abusos llevados a cabo por los EE.UU. y sus estados clientes para darle una apariencia objetiva, la realidad es que estos descubrimientos son simplemente ignorados cuando conviene a los intereses imperialistas de EE.UU., como en México, Saudí Arabia Bahrein y en otros lados.

Este conveniente acuerdo fue descrito el jueves después de la publicación del reporte como uno de "participación de principios", un nuevo eslogan introducido bajo la administración Obama. El asistente al secretario de estado Michael Posner explicó: "Nosotros participamos en el mundo y reconocemos que hay rangos de intereses. Tenemos intereses de seguridad... intereses económicos, políticos, diplomáticos. Pero los derechos humanos... siempre serán parte de la discusión". Con algunos, sin embargo, la "discusión" involucra ataques aéreos y cambios de régimen, mientras que con otros, es tan sólo materia de dar un guiño e inclinar la cabeza.

 



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