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La Corte Suprema unánimemente defiende los ataques anti democráticos contra los trabajadores inmigrantes

Por Kevin Kearney
30 Junio 2012

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El lunes la Corte Suprema de Estados Unidos emitió su decisión en cuanto al caso del estado de Arizona contra el gobierno federal de Estados Unidos. Sostuvo unánimemente la disposición central de la ley anti inmigratoria del estado—SB 1070—que obliga a la policía averiguar el status de inmigración de toda persona que pare para ser interrogada o detenida si existe una "sospecha razonable" de que el individuo es un extranjero indocumentado.

La ley efectivamente le permite a la policía gran discreción en detener y tratar de deportar a toda persona que "parece" ser un extranjero ilegal y no lleva consigo su cédula de identificación personal. Es una invitación descarada para formar perfiles raciales y el acosar sistemáticamente a hispanos, orientales y otros grupos de inmigrantes.

El gobierno de Obama jugó un papel primordial en asegurar estos fines reaccionarios, pues limitó su ofensiva contra la ley basándose exclusivamente en la cuestión del federalismo. Es decir, en si los estatutos federales tienen prioridad sobre las iniciativas de los estados en el campo de las leyes de inmigración y el cumplimiento de la ley.

En sus argumentos desganados, el gobierno intencionalmente ignoró el tema de mayor urgencia que el proyecto de ley representaba: los derechos democráticos. Esto incluye la infracción de la Cuarta Enmienda—que forma parte de la Declaración de Derechos de la Constitución de Estados Unidos—que prohíbe los 'registros e incautaciones sin motivos fundados" y requiere que la policía obtenga una orden judicial antes de conducir sus búsquedas, aunque en realidad ésta va plagada de excepciones.

Además, el derecho a la "protección igual" de la ley que la Cuarta Enmienda define— adoptado después de la Guerra Civil de Estados Unidos para establecer la igualdad ante la ley de los esclavos liberados—queda evidentemente transgredido, pues millones ahora pueden ser sometidos a registros basados en su status inmigratorio y en como la policía valore las presuntas características raciales.

Al rechazar toda cuestión pertinente al derecho a la privacidad, a la libertad de no ser acosado por la policía y a los perfiles raciales que el clima reaccionario del estado de Arizona ha sembrado, el gobierno ha cubierto a los presuntos jueces liberales—Ruth Bader Ginsburg, Stephen Breyer y Sonia Sotomayor, primer juez hispano y nombrada por Obama mismo—con el siguiente manto político: ahora pueden hacer sus tratos sucios con el ala semi fascista de la corte para defender la disposición clave de la ley SB!)&). (La juez Elena Kagan se abstuvo debido a que había participado en la demanda del gobierno de Obama contra la ley de Arizona.)

La decisión, que consta de 75 páginas, fue escrita por el juez Anthony Kennedy. Es confusa y se contradice a sí misma. Se presta a interpretaciones erróneas, aparentemente a propósito. Anula tres de las disposiciones principales de la SB 1070, entre ellas las que hubieran criminalizado a los inmigrantes indocumentados por no llevar consigo "documentación de inmigración", por solicitar empleo y facilitarle a la policía local y estatal encarcelar a individuos sólo basándose en infracciones de las leyes sobre la inmigración.

Basándose en la Cláusula de la Supremacía de la constitución estadounidense, la Corte Suprema anuló estas tres disposiciones por un voto de 5 a 3. El gobierno de Obama se había basado en esta cláusula, la cual obliga a los jueces a obedecer las leyes federales cuando surge un conflicto entre las leyes federales y estatales.

En otras palabras, el gobierno federal ya depende de medidas anti inmigratorias semejantes que hace cumplir regularmente. Como indica el Juez Kennedy: "El gobierno federal deporta a cientos de miles de extranjeros todos los años". Esto no es una jactancia desdentada; durante tres años seguidos, el gobierno en el poder ha batido el récord en cuanto a las deportaciones se refiere. Más de un millón de personas han sido deportadas desde que Obama asumiera las riendas del poder.

Todo esto no satisface a los tres jueces más derechistas, quienes pintan, por medio de la disensión del Juez Scalía, una visión fantasmagórica de un ataque contra el estado "soberano" de Arizona, el cual, sin la ayuda de una rama ejecutiva más interesada en complacer a potencias extranjeras que en hacer cumplir la ley, se ve obligado a luchar por sí solo por su existencia. Scalía, Thomas y Alito habrían defendido a la SB1070 en su totalidad.

La opinión disidente de Scalía en cuanto a "los efectos malévolos de la inmigración ilegal" es verdaderamente una pieza repugnante de demagogia nacionalista y racista. Debería servir como advertencia a toda la clase trabajadora de Estados Unidos. Aseveró que en Arizona, "los ciudadanos se sienten sitiados por las enormes cantidades de inmigrantes ilegales que invaden sus propiedades, abusan de los servicios sociales y hasta ponen sus vidas [de los ciudadanos] en peligro".

El Presidente Obama trató cínicamente de promover la decisión anti inmigrante como victoria y dijo lo siguiente": "Me place que la Corte Suprema a anulado las disposiciones claves de la ley de Arizona contra los inmigrantes...ningún estadounidense debería vivir bajo sospecha debido a su parecer físico". Escondió el hecho sencillo de que la corte defendió precisamente la disposición que ahora la da a la policía la autoridad insólita de hacer exactamente lo mismo.

En cuanto a la gobernadora de Arizona, Jan Brewer, ésta también alabó la decisión como victoria y dijo: Hoy la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos representa la victoria para el gobierno de leyes...Después de más de dos años de pleitos judiciales, el corazón de la SB1070 ahora se puede poner en práctica de acuerdo a la Constitución de Estados Unidos".

Refiriéndose a la decisión como si fuera una gran regalo, la habló con cautela a sus partidarios rabiosos: "Nuestros críticos ya se encuentran preparando nuevas tácticas pugnaces en reacción a su derrota en la Corte Suprema y sin duda afirmarán que la ley no se aplica igualmente a todos". Se refería a la sugerencia presentada por la opinión de Kennedy y varias declaraciones de grupos defensores de los derechos de inmigrantes, que la disposición que obliga a la persona a "mostrar sus documentos" podría eventualmente ser declarada inconstitucional si Arizona la hace cumplir de manera demasiado flagrante o discriminatoria.

El presunto antagonismo entre Obama y Brewer—inclusive el encuentro hostil que tuvieron en un aeropuerto el año pasado y que recibiera mucha publicidad—no puede esconder el hecho que tanto el gobierno federal como el estado de Arizona se han comprometido a llevar a cabo la represión bestial de trabajadores inmigrantes.

Este pacto mostró la afinidad entre las alas liberales y conservadoras de la Corte Suprema cuando ambas defendieron unánimemente la peor (discutiblemente) disposición de la SB1070—Artículo 2(B)—que le da a las autoridades de Arizona la licencia de facto para acosar y perfilar racialmente a todos los trabajadores de descendencia hispana y oriental basándose únicamente en la apariencia física.

Esta sección de la opinión merece que se escudriñe más minuciosamente. Aunque la mayoría de la corte opinó que la ley federal suplanta todas las otras disposiciones de la SB1070, inexplicablemente se retorcija en nudos para defender el Artículo 2(b). La corte rechaza la posibilidad que los registros inmigratorios obligados resulten, según la discreción de la policía, en el abuso. Es ridículo que la corte presuma que los agentes de la policía de Arizona no van a tomar en cuenta la raza cuando comienzan a sospechar acerca del status inmigratorio de la persona y que no se van a valer de la ley para acosar a la gente y aumentar las deportaciones.

Aunque la opinión de los jueces no lo mencionó, los derechos básicos a la privacidad sostenidos por la Cuarta Enmienda a la constitución han sido enormemente socavados durante los últimos 30 años. Las normas legales de "sospecha razonable" y "motivo suficiente" para arrestar a individuos han sido reducidas a límites legales simbólicos que casi no le dan ninguna protección verdadera a la persona que la policía sospecha. El resultado ha sido la enorme expansión de los delitos menores que puedan justificar arresto.

Este proceso le ha dado a la policía de todo el país una autoridad sin precedentes para arrestar a casi toda persona que se encuentre en cualquier circunstancia, como bien saben muchos trabajadores de sus amargas experiencias. Por esta razón sería increíblemente fácil que un agente de la policía "encuentre" un delito que justifique el arresto luego de "sospechar" que alguien es un inmigrante indocumentado.

Una vez que el individuo sea arrestado, todo individuo que sea atrapado residiendo ilícitamente en el país será enviado a un centro federal de detenciones para ser deportado, lo cual sucede en una mayoría preponderante de las veces. En su afán de purgar y convertir a toda una población y convertirla en chivo expiatorio, Arizona y otras autoridades del estado sin duda han de acosar a grandes cantidades de ciudadanos estadounidenses que son de apariencia y genealogía "equivocadas".

El dictamen de la corte proviene de la rápida expansión de los poderes represivos de la policía por parte de los gobiernos de Bush y de Obama, lo cual constituye su reacción a la creciente desigualdad social interna durante la última década; reacción que, como en este caso, ha sido facilitada por el sistema judicial y los jueces nominados por los presidentes de ambos partidos

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