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Huelga de empleados públicos en Brasil desafía la economía política del gobierno del PT

Por Bill Van Auken
14 Agosto 2012

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Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 7 de agosto, 2012

Una prolongada huelga por 350.000 profesores universitarios, electricistas y otros empleados del gobierno federal ha desafiado directamente la política económica iniciada por el gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) bajo el mando de la Presidente Dilma Rousseff, quien ha impuesto su programa en reacción a la crisis económica mundial.

Se espera que los miembros sindicalizados de la Policía Federal se unan a la huelga hoy luego que votaran sobre ella la semana pasada. La acción ha cerrado el control de aduana y pasaportes en las fronteras brasileñas, los aeropuertos, los puertos y otras instalaciones.

Otros sectores de la fuerza laboral federal han estado en huelga por muchas semanas. Estos incluyen 143,000 profesores y otros empleados universitarios, quienes desde el 17 de mayo han cerrado 57 universidades federales y 34 institutos técnicos del gobierno. Estos trabajadores de la educación rechazaron el contrato que el gobierno les ofreció el mes pasado, pacto que sólo sirvió para ahondar la desigualdad dentro de un sistema en el que los profesores con doctorados ganan solo $US2000.00; o sea, menos que los policías municipales.

También se encuentran en huelga los trabajadores de Electrobras, la mayor empresa estatal de servicios públicos de Latinoamérica, así como también empleados de varias agencias regulatorias, ministerios y entes estatales. Entre estos se encuentran los trabajadores de ANVISA, agencia brasileña a cargo de seleccionar alimentos, medicinas y otros productos. La acción que han llevado a cabo ha paralizado el movimiento de mercancías en todos los puertos del país. En el mes de junio, la huelga por los analistas de la agencia gubernamental de estadísticas gobierno paró la divulgación del informe oficial sobre el desempleo.

La huelga ha continuado y se ha extendido a pesar de los esfuerzos acérrimos de la burocracia sindical, la cual dirige la Central Única de Trabajadores (CUT), federación sindicalista mayor de Brasil, en aislar y suprimir la lucha. El recién instalado presidente Vagner Freitas, anunció luego de una sesión cerrada con Gilberto Carvalho, jefe del gabinete, que se oponía a la huelga general por todos los trabajadores federales debido a que la situación se “radicalizaría”.

A pesar de las súplicas de los funcionarios sindicales, el gobierno de Rousseff no ha mostrado ninguna inclinación a la “tolerancia o a verdaderas “negociaciones”. Al contrario; ha reaccionado a la huelga con represalias sin precedentes, reduciendo el salario de los trabajadores por cada día en huelga, lo cual no es la norma en semejantes disputas. También emitió el Decreto 7777 a finales del mes pasado, el cual autoriza el uso de trabajadores estatales y municipales como rompehuelgas para desempeñar el trabajo de los empleados federales en huelga.

La Presidente Roussef ha tomado una postura dura contra las exigencias de los trabajadores federales, pues considera que representan un desafío muy directo al programa de “ajustes fiscales” que el gobierno del PT ha tratado de poner en práctica como reacción al impacto de la crisis capitalista mundial sobre la economía brasileña.

La crisis del euro, la persistencia continua de la economía estadounidense y la tasa reducida de crecimiento en la China se han combinado para llevar la expansión de la economía brasileña, la cual reemplazó a la de Inglaterra como la sexta mayor del mundo, casi al paro.

Se calcula que la producción industrial se ha contraído en un 4.3 por ciento desde el año pasado. Según los pronósticos del mercado, la tasa crecimiento general para el 2012 será entre el 1.5 y 2 por4 ciento, lo cual representa una baja de la anémica tasa de crecimiento en un 2.7 por ciento el año pasado, para no mencionar el crecimiento en un 7.5 por ciento en el 2010.

La reacción del gobierno para estimular la economía se ha basado principalmente exenciones tributarias, tasas de interés preferenciales y subvenciones al capital multinacional del país. Los incentivos tributarios para las industrias, junto con la reducción al 5.5 por ciento de la tasa de interés que el banco nacional de desarrollo le cobra a los préstamos empresariales (en comparación al estándar de 8.5 por ciento) no han atraído nuevas inversiones de importancia.

Lo que el capital criollo, tanto como l extranjero, desea es la reducción de los costos de la mano de obra. Esto ha se ha mostrado claramente en la reciente confrontación que ocurrió cuando General Motors anunció el plan para despedir a 1,840 trabajadores de su fábrica en San José dos Campos, en las afueras de Sao Paolo. La amenaza de eliminar los empleos de estos trabajadores no sólo causó una serie de huelgas y manifestaciones, sino también la advertencia por parte del gobierno de Rousseff, quien enfatizó que sus incentivos tributarios tenían como objetivo mantener la fuerza laboral de Brasil empleada y no causar el desempleo.

La semana pasada, el sindicato local y GM llegaron a un acuerdo tentativo que temporáneamente pospone el despido y garantiza los empleos de 900 trabajadores hasta noviembre. El resto será descansado con salario pago y se les ofrecerá nuevos programas de re capacitación laboral entre el presente y noviembre. Por otra parte, el sindicato y la empresa siguen las negociaciones.

El sindicato principal de trabajadores automotrices, Sindicato de Metalúrgicos de ABC, acérrimamente criticó en público al sindicato local de la fábrica de Sao José dos Campos de y los acusó de ser responsable por los despidos porque había rehusado negociar enormes concesiones que el sindicato principal había aceptado en otros lugares. En una declaración publicada en la revista del sindicato sede, el secretario general, Wagner Santana, puntualiza que los despidos se debieron a la “intransigencia” del sindicato local.

El ataque de Rousseff contra los trabajadores federales tiene como objetivo hacer caer los salarios de los trabajadores y causar el deterioro de sus condiciones laborales por todo el sector privado. Así los costos laborales en Brasil serán más competitivos con los de China y otros países.

Hasta ahora, el gobierno ha rehusado ofrecer todo plan serio para ponerle fin a las huelgas. El mes pasado, el Congreso nacional del país aprobó un proyecto de ley sobre el presupuesto que no incluía ningún aumento de sueldo para el 2013. Dirigiéndose al periódico, Correio Braziliense, uno de los asesores de Rousseff defendió la medida, declarando que los trabajadores públicos “ya habían recibido aumentos durante los últimos diez años y tenían estabilidad en sus empleos. Aún con la situación peor en Europa y Estados Unidos, continuarán con sus empleos. Tienen, por lo tanto, que contribuir su cuota de sacrificio”.

Pero una cuota semejante no se impone a los bancos, empresas y a las clases reinantes ricas de Brasil, cuyas filas han crecido a una velocidad insólita bajo los gobiernos del PT con Roussef y su predecesor, Luis Inacio da Silva, ex líder de los trabajadores metalúrgicos, a la cabeza. De acuerdo a la agencia consultora, Capgemini, y a su socia, RBC Wealth Management, el año pasado Brasil presenció el mayor incremento, per capita, en la cantidad de individuos de altos ingresos. La cantidad de brasileños con por lo menos ingresos disponibles aumentó a 165,000 el año pasado; es decir, 10,000 más que en el 2010.

La defensa cada vez más transparente de los intereses de este sector súper rico a costillas de la amplias masas de los trabajadores brasileños ahora crea las condiciones para una enorme confrontación entre el gobierno del PT y la clase obrera.

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