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No a la dictadura de los bancos en Detroit

Declaración de Jerry White, candidato a presidente por el PSI
12 Abril 2012

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El "acuerdo de consentimiento" pactado entre el Consejo de la Ciudad de Detroit y la administración del gobernador de Michigan Rick Snyder es el resultado de una conspiración contra la clase trabajadora de esa ciudad. El acuerdo se hizo entre los banqueros a puertas cerradas. Luego fue pasado para su implementación a sus sirvientes políticos en los partidos Republicano y Democrático, y también la dirección sindical.

Como candidato a la presidencia por el Partido Socialistas de la Igualdad (PSI) hago un llamado a todos los trabajadores del área metropolitana de Detroit a que tomen acción contra este último ataque. En primer lugar, esto requiere de la construcción de nuevas organizaciones de lucha basadas en un nuevo programa político.

El "acuerdo de consentimiento" les otorga a los funcionarios de la ciudad el poder de dictar contratos sindicales e implementar enormes cortes en servicios públicos. El "acuerdo" le permite a la ciudad desechar concesiones por $360 millones negociadas recientemente con los sindicatos de la ciudad y reemplazarlos con medidas aun más punitivas. Entre estas se incluyen cambios en las reglas laborales y el reemplazo de un plan de pensión definido por un programa 401(k) para los nuevos contratados. También contempla ataques contra los beneficios de salud y las pensiones de los jubilados de la ciudad y sus familias. Miles de trabajadores perderán sus empleos.

Los ataques contra la población de Detroit serán utilizados como un ejemplo para un enfrentamiento contra toda la clase trabajadora estadounidense e internacionalmente, de la misma manera como se están usando las salvajes medidas de austeridad contra el pueblo griego. El gobierno de Obama suele citar a Detroit como el modelo del "resurgimiento" de la economía norteamericana. En realidad se está usando como un campo de prueba para la implementación de sus políticas derechistas, incluyendo la privatización de la educación pública a través de las escuelas que reciben fondos privados y el recorte del salario de los trabajadores automotrices a niveles de pobreza.

Cada vez más la clase dirigente ignora cualquier pretensión de controles democráticos en el proceso de imponer las políticas más impopulares.

El "acuerdo de consentimiento" le otorga enormes poderes a instituciones con personal que no ha sido elegido por el pueblo, quienes tendrán la última palabra en materia de finanzas. Crea igualmente una junta de consejeros de nueve miembros, elegida conjuntamente por los gobiernos de la ciudad y el estado, cuyo fin será revisar y monitorear el presupuesto. Además, un gerente financiero y gerente de proyectos tendrán la potestad de intervenir para imponer mayores cortes y supervisar la reducción y consolidación de departamentos.

El resultado del "debate" entre Lansing y Detroit es que la ciudad retendrá el rol de imponer los ataques contra la clase trabajadora. Sin embargo, si Lansing considera que los ataques no han sido lo suficientemente profundo, se reserva el derecho de designar a un Administrador de Emergencia con poderes dictatoriales, pasando por encima de los contratos sindicales, vendiendo activos de la ciudad, cortando servicios y aun destituyendo funcionarios elegidos por el público.

Todo el aparato político está unido contra la clase trabajadora, la cual no tiene representación alguna. Cualquiera que sean sus diferencias tácticas, el Alcalde demócrata Dave Bing, el Consejo de la Ciudad de Detroit, controlado por los demócratas, el gobernador republicano Rick Snyder, el Tesorero del Estado de Michigan, el demócrata Andy Dillon y los líderes de varios sindicatos están de acuerdo que la clase trabajadora pague por la crisis que enfrenta la ciudad.

Políticos del Partido Democrático, sacerdotes y líderes sindicales han intentado presentar el asunto como uno de división entre razas, con los afroamericanos de Detroit enfrentándose a los políticos blancos de la capital del estado, Lansing. Esta postura es falsa y reaccionaria hasta los huesos. La referencia de políticas raciales tiene como objetivo encubrir las cuestiones fundamentales de clase social, mientras, al mismo tiempo, mantiene la autoridad política de los funcionarios de la ciudad que son tan hostiles a la clase trabajadora y están comprometidos en defender los intereses corporativos de la administración de Snyder.

Las condiciones en Detroit demuestran el fracaso del sistema económico capitalista basado en la propiedad privada de los medios de producción. La ciudad, que en una época era un gran centro industrial, se ha visto desbastado por el colapso de la industria automotriz y hoy es la ciudad más pobre de los EE.UU. Está llena de edificios abandonados y lotes vacantes, y los servicios públicos como transporte en autobús e iluminación de las calles se encuentran en un avanzado estado de decaimiento.

En los próximos meses, el PSI luchará para formar nuevas organizaciones de lucha, independientemente de los sindicatos, para unir a toda la clase trabajadora contra el ataque de los bancos. Nada se podrá ganar sin una lucha.

Lo que necesitamos ante todo es un nuevo partido y un nuevo programa para la clase trabajadora. Para luchar contra estas condiciones la clase trabajadora debe romper políticamente con los demócratas y republicanos, los dos partidos de Wall Street, y tomar en sus propias manos la lucha por el socialismo. El PSI participa en estas elecciones para presentar una alternativa política independiente para defender los empleos y estándares de vida.

Rechazamos el reclamo repetido hasta el cansancio por lo políticos representantes de las grandes corporaciones y los medios de comunicación de que no hay dinero para costear programas sociales vitales. ¡Es una despreciable mentira! Hay mucho dinero cuando se trata de pagar bonos multimillonarios a los gerentes de bancos, fondos de inversión y otros parásitos financieros. La misma semana que la ciudad aprobó el "acuerdo de consentimiento", la corporación Ford anunció que le pagaría a su gerente general Alan Mulally $29,5 millones por el año 2011.

Los derechos de los trabajadores bajo ataque son incompatibles con la propia existencia del sistema capitalista para la ganancia. Debemos organizar la sociedad en una nueva base racional; producción para la necesidad humana, no para la ganancia privada. Esto significa la lucha por el socialismo, la propiedad y control democrático por la clase trabajadora de las fuerzas productivas.

Llamo a todos los trabajadores que estén de acuerdo con este programa a que apoyen y participen activamente en a campaña presidencial del Partido Socialista de la Igualdad.

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