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¡Derogar el estado de emergencia!

Declaración del Partido Socialista por la Igualdad (Sri Lanka)
11 Marzo 2010

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Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 6 de marzo 2010.

El Partido Socialista por la Igualdad (PSI) en Sri Lanka exige el cese inmediato del estado de emergencia, que fue renovado el 1 de marzo por el presidente Mahinda Rajapakse, y que se presentará el 9 de marzo para su ratificación por el Parlamento. El PSI advierte que los draconianos poderes de emergencia serán utilizados para reprimir la oposición de los trabajadores y la población campesina a las medidas de austeridad que el gobierno pondrá en práctica después de las elecciones parlamentarias del 8 de abril.

El actual estado de emergencia ha estado en vigor desde que fuera impuesto por el previo presidente, Chandrika Kumaratunga, en agosto de 2005. El presidente Rajapakse, que ganó las elecciones presidenciales en noviembre de 2005, siguió la normativa de emergencia usando como justificación su nueva guerra contra la organización separatista Tigres de Liberación de Tamil Eelam (TLTE). Durante los últimos cinco años, ambos lados del Parlamento han aprobado las medidas.

Más de nueve meses después de que los militares ocupasen los últimos bastiones de los TLTE, el gobierno sigue planteando la posibilidad de “terrorismo” para justificar el mantenimiento de su estado de emergencia. En la presentación de la proclamación de emergencia para su aprobación por el Parlamento el mes pasado, el primer ministro, Ratnasiri Wickremanayake, afirmó: “No se puede permitir que el terrorismo muestre su fea cara una vez más... La situación de emergencia es necesaria porque los enemigos del estado están tratando de reagruparse y unirse”.

El estado de emergencia es un arma en el arsenal del régimen autocrático de Rajapakse. El 8 de febrero, el gobierno tomó la medida extraordinaria de arrestar a los candidatos de la oposición, el general retirado Sarath Fonseka, basándose en vagas e infundadas acusaciones de que había estado tramando un golpe de estado. Fonseka, que fue derrotado en las elecciones presidenciales del 26 de enero, todavía está en manos de la policía militar en la sede de naval y no ha sido acusado. La policía también detuvo a los partidarios de Fonseka y los partidos de oposición — el Partido Unión Nacional (PUN) y el Janatha Vimukthi Peramuna (JVP).

La represión de la oposición antes de las elecciones parlamentarias tiene como fin consolidar el control sobre el poder en preparación para una confrontación con la clase obrera. El país está muy endeudado y bajo la presión del FMI para recortar el déficit presupuestario en más de la mitad. Una vez que la elección este fuera del camino, Rajapakse procederá a atacar el nivel de vida de los trabajadores, suprimir cualquier oposición mediante el uso de medidas de un estado policial construido en más de 26 años de guerra civil.

La renovación del estado de emergencia tiene dos propósitos. En primer lugar, es parte de la campaña permanente del gobierno para avivar los temores sobre el "terrorismo" y para aumentar las tensiones comunales con el fin de dividir a los trabajadores cingaleses y tamiles. En segundo lugar, el estado de emergencia otorga a Rajapakse amplios poderes para allanar locales, detener a personas sin cargos, prohibir reuniones y protestas, censurar los medios de comunicación, declarar ilegal cualquier acción laboral, despedir a trabajadores y movilizar a las fuerzas armadas para tomar control de los servicios esenciales.

El gobierno ha utilizado los poderes de emergencia durante los últimos cuatro años como un elemento clave en el acoso sistemático y la persecución de la minoría tamil del país. Decenas de miles de personas han sido detenidas como “sospechosos TLTE” y encarcelados sin juicio, en flagrante violación de sus derechos democráticos fundamentales, ya sea en el marco del estado de emergencia o el Acta de Prevención del Terrorismo (APT).

Las detenciones en el marco del estado de emergencia son aún más vagas que en el APT. Toda persona que cometa acciones lesivas a la “seguridad nacional” puede ser detenida por orden del secretario de defensa — en la actualidad el hermano del presidente Gotabhaya Rajapakse. En agosto de 2008 el reglamento fue modificado para ampliar el período de detención sin juicio de 12 a 18 meses. Los detenidos tienen que ser presentados ante un tribunal después de 30 días, pero el tribunal no tiene autoridad para ponerlos en libertad.

La legislación de emergencia ya ha sido utilizada en contra de la clase obrera. En agosto de 2006, justo dos semanas después de la reanudación de la guerra, Rajapakse declaró como “servicios esenciales”, y por lo tanto sujetos a la prohibición de huelgas, el Banco Central, los suministros de combustible, correos y telecomunicaciones, las industrias de exportación y transporte. Justificó esta medida radical como respuesta a la campaña de “trabajar de acuerdo a las reglas” por los trabajadores portuarios que buscan un aumento salarial.

Durante la guerra, Rajapakse acusó repetidamente a los trabajadores en huelga de socavar la seguridad nacional y ayudar a los “terroristas”. En 2008 desplegó personal militar en los hospitales para romper una huelga de los trabajadores de la salud que exigían un aumento salarial. Después de la derrota de los TLTE, el presidente declaró que se llevaría a cabo una “guerra económica” para “construir la nación”. A medida que impone su agenda económica, Rajapakse, sin duda, acusará de “traidores” a los trabajadores que luchan en defensa de sus derechos fundamentales.

En noviembre, por primera vez Rajapakse dictó una orden de servicios esenciales en virtud de las normas de emergencia para prohibir las huelgas por aumentos salariales de los trabajadores de la Corporación de Petróleo de Ceilán, la Administradora de Electricidad de Ceilán, la Administradora de Agua y los portuarios. Lejos de montar una campaña en contra de la decisión, los sindicatos participantes, se rindieron inmediatamente.

La historia de los poderes de emergencia en Sri Lanka demuestra su carácter anti-obrero. En 1947, justo antes de la independencia, la administración colonial británica presentó la ordenanza de seguridad pública pocos días después de que el gobernador había ordenado el fusilamiento de trabajadores que participaron en una huelga general. Subsiguientes gobiernos han recurrido a medidas de emergencia en todas las crisis políticas — en particular en 1953, cuando una huelga general convulsionó la isla. Con la excepción de unos pocos años, un estado de emergencia ha estado en vigor desde 1979.

Los trabajadores no deben tener fe en que los partidos de oposición se opondrán al estado de emergencia. El PUN y JVP están tan comprometidos como el gobierno con la supremacía cingalés, han respaldo a Rajapakse en las guerras comunales y rutinariamente votan cada mes para renovar los poderes de emergencia. Como la opinión pública se ha concentrado en la lucha contra los métodos antidemocráticos de Rajapakse, la UNP y JVP han comenzado fraudulentamente a tomar la postura de defensores de los derechos democráticos. Su “oposición” en el Parlamento, sin embargo, se ha limitado a pedirle a Rajapakse que no utilice sus poderes de emergencia contra ellos. En los últimos tres meses, el JVP se ha abstenido en el tema del estado de emergencia, pero no ha votado en contra. El mes pasado, los parlamentarios del PUN se ausentaron durante la votación, dejando un solitario parlamentario registrar un voto simbólico en contra.

Los trabajadores tienen que confiar en su propia fuerza independiente. El PSI llama a la formación de comités de acción en los centros de trabajo, las plantaciones, barrios obreros, villas y pueblos para defender los derechos de los trabajadores. Exigimos el fin del estado de emergencia como parte de una campaña para abolir la APT y todas las demás leyes represivas, así como también para poner fin a toda forma de discriminación sobre la base de idioma, religión y/o etnicidad. El PSI pide la liberación inmediata de todos los detenidos sin juicio, el cierre de “villas de bienestar”, que actualmente alberga a más de 100.000 civiles tamiles, y poner fin a la ocupación militar del norte y el este.

La lucha por defender los derechos democráticos está ligada a la lucha más amplia por un programa socialista para remodelar la sociedad para satisfacer las necesidades de la mayoría de trabajadores y no las ganancias de los pocos ricos. El PSI lucha por un gobierno de trabajadores de la ciudad y el campo en Sri Lanka, como parte de la lucha por el socialismo en todo el sur de Asia e internacionalmente. Hacemos un llamamiento a los trabajadores, jóvenes e intelectuales a participar activamente en nuestra campaña electoral.

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