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España: La Falange fascista podrá participar en proceso legal abierto contra juez Baltasar Garzón

Por Vicky Short
5 Marzo 2010

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El Tribunal Supremo español dictaminó que el partido fascista, la Falange, puede unirse a una acusación particular contra el juez Baltasar Garzón por sus intentos de investigar los crímenes de la dictadura de Franco. La Falange, que era la única organización política permitida bajo el régimen franquista, llevó a cabo innumerables crímenes contra la clase obrera española durante la guerra civil (1936-1939) y la dictadura que le siguió. Hoy en día cuenta con un pequeño grupo de miembros.

Garzón, quien es miembro del máximo tribunal penal de España, la Audiencia Nacional, es bien conocido internacionalmente por sus controvertidas actividades de investigación. En 1999 intentó extraditar de Gran Bretaña al dictador chileno Augusto Pinochet con el fin de juzgarlo en España por genocidio, terrorismo y torturas. Ha investigado las actividades de la organización separatista vasca ETA, así como también a los escuadrones de la muerte anti-ETA creados por el gobierno del Partido Socialista Obrero (PSOE) de Felipe González en la década de 1980. Garzón también estuvo involucrado en la investigación de la corrupción dentro del partido opositor, el Partido Popular (PP).

Él ha sido criticado recientemente por los Estados Unidos e Israel después de que intentó levantar cargos de crímenes contra la humanidad a sus funcionarios gubernamentales — los EE.UU. por sus acciones en Irak, Afganistán y la Bahía de Guantánamo, e Israel por crímenes de guerra cometidos en Gaza. También convocó a los ministros del gobierno chino a que testifiquen sobre la represión de las protestas en el Tíbet.

En septiembre de 2008, Garzón inició sus investigaciones de los asesinatos en la época franquista, después de aceptar las peticiones de las familias, agrupadas en las sociedades de la Memoria Histórica, que querían encontrar los restos de sus seres queridos y aclarar las circunstancias de sus muertes. Como resultado de sus investigaciones, Garzón acusó a Franco y 44 ex generales y ministros, además de 10 miembros de la Falange, de crímenes contra la humanidad. Exigió la apertura de decenas de fosas comunes donde más de 100.000 de sus víctimas fueron sumariamente fusilados y enterrados.

Garzón planteó el caso, principalmente por el servicio de Relaciones Exteriores de la Falange, de la separación forzada de sus padres de aproximadamente 30.000 niños, por lo general de opositores políticos del régimen. Señaló que los tribunales españoles nunca habían llevado a cabo una investigación penal en cualquiera de estos crímenes y que no había sido llevado a la justicia a ninguno de los autores.

Sin embargo, pocas semanas después de emitir esta pérfida acusación contra Franco y sus secuaces, el juez retiró los cargos después que los abogados nombrados por el PSOE desafiaron su autoridad para proseguir con la investigación. Argumentaron que Garzón había violado una ley de 1977 dando amnistía por atrocidades pasadas como parte de la llamada "transición pacífica a la democracia" tras la muerte de Franco en 1975.

La acción del PSOE marcó una capitulación significativa a la oposición a Garzón por parte del Partido Popular — movimiento que se originó en la Falange, la Iglesia Católica y los medios de comunicación. Animado por sus acciones, dos organizaciones de extrema derecha recientemente formadas, Manos Limpias y Libertad e Identidad, iniciaron una petición para un juicio contra Garzón, acusándolo de "corrupción en el ejercicio de sus funciones", que fue aceptada por los tribunales. Si se le abre juicio, Garzón será suspendido de inmediato.

El recurso contra Garzón es un signo claro de que la élite gobernante está decidida a intimidar a cualquiera que intenta cuestionar el “pacto de silencio” sobre los crímenes del franquismo aprobado por el ala derecha, el PSOE y el Partido Comunista (PCE) durante la transición. Muchos en la élite y altos funcionarios del gobierno hoy son los herederos directos del régimen de Franco.

Garzón no es el único en la mira de la falange. También están la gente que le pidió que iniciara las investigaciones. El tribunal ha puesto a disposición de los que quieren enjuiciar a Garzón, incluyendo la Falange, los documentos presentados por las asociaciones de Memoria Histórica en relación las miles de víctimas de la dictadura.

Una investigación sobre los crímenes del régimen fascista podría exponer el papel de la llamada “transición a la democracia”, que conservó el dominio capitalista en España tras la muerte de Franco y que ha impedido cualquier ajuste de cuentas con los fascistas. Durante 35 años, se han frustrado todos los intentos de descubrir lo que ocurrió.

Como parte del procesamiento de Garzón está el temor de que la investigación del pasado se convierta en un catalizador de una nueva erupción de la lucha de clases y de una lucha política contra el orden existente, especialmente teniendo en cuenta el creciente descontento económico y político.

Garzón cuenta con un amplio apoyo en España e internacionalmente. La Unión Progresista de Fiscales dijo que respaldaba la investigación de Garzón porque “concordaba totalmente con la legalidad nacional e internacional” y “de ninguna manera puede considerarse jurídicamente infundada o arbitraria”. Criticaron su procesamiento por “organizaciones asociadas con la más extrema ala derecha en el país, algunos de ellos herederos directos de los implicados en los delitos investigados”.

El experto en la lucha anti-corrupción, el abogado jubilado Carlos Jiménez Villarejo, declaró: “La extrema derecha española ha conseguido ganar a su lado una parte del poder judicial... La cuestión decisiva es que [Garzón] se atrevió a hacer lo que nadie había hecho, investigar las desapariciones forzadas, un centenar de miles de desapariciones”.

Un grupo de escritores, abogados, académicos y músicos firmaron un manifiesto de apoyo al juez y declararon que estaban “tristemente convencidos” de que va a sufrir un juicio “kafkiano”.

Cartas mandadas a El País expresan apoyo popular por sentar cuentas, política y judicialmente, con los franquistas.

Una decía: “Es increíble que ninguno de los implicados en los crímenes de la dictadura haya pagado por ellos y, sin embargo, están exigiendo explicaciones al juez que quiere investigar esos crímenes.”

García señaló: “Y pensar que si las mismas personas que atacan a Garzón mañana llegan al poder cometerán los mismos delitos que sus antepasados, es terrible sólo de pensar en ello”.

“Los mismos jueces han dado detalles a la Falange de quienes denuncian a Franco, poniendo en riesgo la seguridad de estos. Tal acción no tiene otra interpretación de que el juez (que la hizo) también es un franquista y ayuda a los fascistas que buscan protegerse detrás de la “legalidad”. Es bien conocido que la extrema derecha busca colocarse en puestos de poder, el ejército, la policía, los juzgados, cargos políticos, etc., para construir un gobierno de facto, independientemente de qué partido esté en el poder. Esa es su estrategia.”

José centró su ira en el PSOE y su complicidad con la extrema derecha: “La derecha franquista ha ganado. ¿Y qué está haciendo el gobierno? Se está dejando manipular. No sé a quien le tienen más miedo, a los fascistas o a Garzón buscando verdad.... Zapatero me ha decepcionado. Y la Memoria Histórica ha llegado a nada. ¿Han hecho un pacto con la derecha o qué?”

Video:
“So many thousands of unknown nameless people”—Franco's mass graves

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