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Primer aniversario del golpe de estado en Honduras

Por Bill Van Auken
30 Junio 2010

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Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 28 de junio, 2009.

La fecha de hoy marca el primer aniversario del golpe de estado que derrocó al presidente electo de Honduras, Manuel Zelaya. El golpe inició un período de represión violenta contra la clase trabajadora del país que continúa hasta hoy día.

No sólo ha defendido el gobierno de Obama al nuevo régimen del mandatario Porfirio Lobo, sino que ha hecho campaña para que Honduras normalice sus relaciones con el hemisferio y el resto del mundo. El apoyo que Washington le ha brindado al gobierno hondureño ha sido tácito pero total.

El 28 de junio, 2009, tropas armadas hasta los dientes entraron bruscamente en el palacio presidencial en Tegucigalpa, arrestaron a Zelaya y lo marcharon en piyamas a punta de pistola a un avión que despegó hacia el exilio. Esta acción representó el primer golpe exitoso del Siglo XXI en Latinoamérica, región en la que dictaduras militares respaldadas por Estados Unidos rigieron a cuantiosos países durante grandes porciones del Siglo XX.

El presunto objetivo del golpe fue abortar un plebiscito organizado por Zelaya para averiguar si contaba con suficiente apoyo popular para convocar una asamblea constituyente que cambiara la constitución. Ésta no es más que un documento reaccionario dictado en 1982 por la embajada de Estados Unidos y la dictadura militar que en ese momento abandonaba el poder.

Para justificar el golpe, sus partidarios dentro de la oligarquía hondureña acusaron a Zelaya de atribuirse más poder de lo que la constitución disponía para así postularse a un tercer plazo presidencial. Superficialmente, la acusación, servilmente repetida por la prensa estadounidense, era absurda puesto que ninguna votación se podía organizar para convocar una asamblea constituyente antes de elegir al sucesor de Zelaya.

Tanto las “10 familias” que dominan a Honduras como el gobierno de Obama en Washington tenían otras razones para lograr el derrocamiento de Zelaya.

La oligarquía criolla había comenzado a considerar que Zelaya, rico latifundista y magnate en la industria de la madera, era un traidor debido a que abogaba por pequeñas reformas, tales como el aumento del salario mínimo, lo cual amenazaba con violar las fortunas que había acumulado por medio de la colaboración con las empresas transnacionales que súper explotan la mano de obra barata hondureña.

Para Washington consideró que Zelaya quizás presentaba una amenaza al dominio imperialista de Estados Unidos sobre la región—que por mucho tiempo había considerado como su patio trasero— cuando éste formó vínculos amistosos con el presidente venezolano, Hugo Chávez, a cambio de petróleo barato y arreglos crediticios a bajo costo. Esta movida causó una alarma, puesto que la mayor base militar de Estados Unidos en toda Latinoamérica se encuentra en Honduras. Para el Pentágono era inaceptable, desde el punto de vista estratégico, la posibilidad de ser negado uso de la instalacion Palmerola en el país, pues ya había sido obligado a abandonar su base en Manta, Ecuador el año pasado.

Aunque Obama se declaró formalmente a favor del retorno de Zelaya como presidente, su gobierno rehusó tomar toda acción en contra de los dirigentes del golpe o condenar la ola de represión que éstos lanzaron contra sus oponentes. La verdad es que la clase gobernante de Honduras, que tanto depende de Estados Unidos para quedarse con casi todo el control de las inversiones y el comercio del país, no pudo haber tomado semejante acción sin que Washington le diera la luz verde. Ni tampoco los militares hondureños habrían tomado semejante paso son el permiso del Pentágono, quien los ha entrenado, asesorado y armado.

Un año después, la base de Palmerola hoy día funciona normalmente, tal como sucedió desde el primer día del golpe en adelante. El mes pasado, el General Douglas Fraser, jefe del Comando del Sur de Estados Unidos, viajó a Honduras por primera vez a Honduras desde el golpe y declaró que habían “muchas oportunidades para cooperar” con los militares del país. La ayuda militar de Washington al país ha comenzado de nuevo.

La oligarquía bancaria que organizó el derrocamiento militar de Zelaya permanece en control absoluto del gobierno del Presidente Lobo, quien fue nombrado ganador en una parodia electoral el noviembre pasado bajo condiciones de ley marcial en la que más de la mitad del electorado boicoteó los comicios.

Los que organizaron el golpe y luego lanzaron la represión sangrienta gozan de impunidad total. El dirigente político del golpe, Roberto Micheletti, ha sido nombrado “congresista vitalicio” para asegurar que nunca se le negará inmunidad parlamentaria. El dirigente militar del golpe, General Romeo Vásquez, ha sido instalado como jefe de Hondutel, empresa telefónica del país.

La represión sigue de manera especialmente bestial, la cual tiene una larga y siniestra historia en Honduras, con muertes y asesinatos. Desde que Lobo asumiera las riendas del gobierno, han sucedido nueve asesinatos de periodistas, lo cual ha transformado a Honduras en el país de mayor peligro en el cual practicar esa profesión.

Los dirigentes de los sindicatos obreros y otros que se identificaron como adversarios del golpe de junio, 2009, han quedado en la lista para ser asesinados. Grupos que defienden los derechos humanos han confirmado que ha habido 14 asesinatos de semejante índole desde que Lobo ascendiera al poder.

Ninguno de los perpetradores de estos homicidios ha sido arrestado por estos asesinatos o por los que se cometieron inmediatamente luego del golpe. Otras formas de represión continúan sin tregua, inclusive arrestos arbitrarios, la tortura, y el cierre de toda medio de prensa que se oponga al gobierno.

El gobierno de Lobo, luego de declararse en quiebra en febrero, ha comenzado a imponer toda una serie de medidas de austeridad draconianas, inclusive un aumento involutivo de los impuestos y una reducción en el 20% en todos los gastos del gobierno. Pero las fuerzas de seguridad no han sido afectadas por estas reducciones; más bien, sus fondos han incrementado. Esta política tiene un objetivo: obligar a las empobrecidas masas hondureñas a pagar por la crisis que el capitalismo internacional ha creado y por el dinero que se ha gastado para suprimir a todos los adversarios del golpe del año pasado.

Las condiciones de vida para las masas trabajadoras de Honduras, que ya eran entre las más pobres del hemisferio, sólo han empeorado, Según el Instituto Nacional de Estadísticas del país, el 51% de la población de edad laboral sufre el desempleo total; y los trabajadores jóvenes han sido en su mayoría abandonados por el mercado de la mano de obra.

Casi el 60% de la población vive en la pobreza, y un 36% viven en la pobreza extrema. El desempleo ahora se usa como ariete contra la clase trabajadora a medida que los patronos y el gobierno siguen presionando para imponer reducciones salariales, el aceleramiento en los lugares de trabajo, y la cancelación total de las leyes sobre el trabajo.

Un año después del golpe, las lecciones políticas del golpe hondureño han salido a la luz.

La primera es que toda esperanza que la elección de Barack Obama significaría una cambio de la política extranjera de Estados Unidos para lograr el “respeto recíproco” y la cooperación internacional, sobre todo en Latinoamérica, se ha hecho añicos. Los sucesos hondureños, luego de intentos para asegurar bases en Colombia y la intervención militar en Haití, además de la intensificación del apoyo a la guerra contra el narcotráfico en México, han mostrado que el gobierno de Obama está listo para desatar la violencia contrarrevolucionaria y militar para reafirmar el dominio de Washington sobre el Hemisferio Occidental.

Ante la prolongada decadencia económica del capitalismo norteamericano, Estados Unidos se vira más y más hacia estos métodos para contrarrestar las dificultades crecientes que plantea la resistencia de la clase trabajadora de Latinoamérica, así como también la creciente penetración de la región por poderosos rivales, inclusive Europa y China.

La segunda lección es el fracaso total del nacionalismo burgués tal como lo muestran las acciones del derrocado presidente hondureño. Zelaya laboró seguidamente para subordinar la resistencia al golpe a sus propios intentos de ganarse el favor de Washington y asegurar su regreso a la presidencia por medio de un arreglo—dictado por Estados Unidos—con los mismos que lo derrocaron.

Los eventos en Honduras han confirmado otra vez que una oposición exitosa a la intervención imperialista, a los golpes militares y a las dictaduras es imposible si la clase trabajadora no se moviliza bajo su propia política independiente. Aunque los trabajadores hondureños desde un principio de opusieron heroicamente al régimen golpista del año pasado, sus luchas se disiparon y fueron desviadas por unos dirigentes vinculados al Partido Liberal burgués, el cual es el partido tanto de Zelaya como de Micheletti.

Ante la presente crisis que fuertemente aprieta a Honduras y toda la América Central se presenta una necesidad ardiente: el establecimiento de un nuevo movimiento político revolucionario de la clase trabajadora, independiente de todos los partidos burgueses y armado con el programa de la transformación socialista no solo de Honduras sino de la región entera como parte de la lucha por los Estados Unidos Socialistas de las Américas.

 



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