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La amenaza de una dictadura en España

23 Diciembre 2010

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La decisión del Gobierno español de utilizar el ejército para apoderarse de las torres de control de los aeropuertos con el fin de destruir una huelga salvaje por los controladores de tráfico aéreo es una advertencia a toda la clase obrera.

El Gobierno del Presidente José Luis Rodríguez Zapatero del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha dado amplios poderes a los militares al imponer un "Estado de Alerta", anulando los derechos democráticos fundamentales. La acción expone el real carácter derechista de este Gobierno "socialista". En su determinación de imponer la voluntad de la aristocracia financiera, está tomando medidas que no habían sido vistas desde el final del régimen fascista del general Franco en 1975.

El hedor de un Estado policial se cierne sobre España una vez más. Los 2,200 controladores aéreos se vieron obligados a volver al trabajo el viernes y sábado a punta de pistola. Soldados armados están ahora en guardia en las torres de los aeropuertos, mientras que los trabajadores dirigen el tráfico aéreo bajo amenaza de detención inmediata si dejan de trabajar.

En un intento de justificar estas acciones, el Vicepresidente Alfredo Pérez Rubalcaba dijo que los trabajadores “chantajearon el país para pedir un rescate" por defender sus "privilegios inaceptables". Añadió, "el efecto inmediato es que los controladores están ahora bajo órdenes para volver a trabajar y pueden ser acusados de un delito bajo el Código Penal militar si se niegan. El estado de alerta inicialmente durará 15 días."

Los comentarios de Rubalcaba destacan la realidad en su cabeza. No son los controladores aéreos los que chantajean al país para defender sus privilegios sino la clase dominante en nombre de quien habla Rubalcaba. Los mismos métodos utilizados contra los controladores se emplearán contra cualquier sector de la clase trabajadora que se oponga a los recortes salariales y las medidas de austeridad. El miércoles, días antes de que se impusiera el estado de alerta, España aprobaba una nueva ronda de recortes sociales.

Durante el periodo del Estado de alerta, los controladores estan clasificados como personal militar. Bajo las órdenes que se les da, si no van a trabajar serán culpables del delito de desobediencia tal como está previsto en el artículo 102 del Código Penal militar, punible con hasta dos años de prisión.

El Gobierno del PSOE ordenó el estado de alerta en un período de sesiones de emergencia tras bajas por enfermedad masivas por los controladores que comenzaron el viernes. La acción de los trabajadores, que inmediatamente provocó una interrupción masiva del tráfico aéreo en toda Europa, fue provocada por un decreto aprobado por el Consejo de Ministros el viernes a mediodía. El decreto había empeorado drásticamente las condiciones laborales de los controladores, ampliando significativamente sus horas de trabajo.

El mismo día el Gobierno aprobó planes para comenzar la privatización de AENA, la empresa controlada por el Estado que dirige los aeropuertos.

Los controladores que han podido hablar con la prensa han descrito las condiciones brutales y desgarradoras a las que se enfrentan. El SundayTelegraph informó que uno de los trabajadores entrevistados por el periódico hablaba "en un medio susurro, su voz temblando en su móvil." El controlador de tránsito aéreo, ubicado en el aeropuerto de Barajas de Madrid, dijo, "yo no puedo hablar con usted adecuadamente ahora. Hay guardias civiles aquí, con pistolas. Si no empezamos a trabajar ahora, seremos detenidos."

La Oficina de la Fiscalía de Madrid ha abierto procedimientos judiciales para investigar cada controlador por posibles "delitos" contra el tráfico aéreo. La Fiscalía dice que los trabajadores podrían enfrentar hasta ocho años de prisión. Por su parte AENA ha comenzado expedientes disciplinarios contra 442 controladores, casi una cuarta parte de la plantilla.

Estos eventos han expuesto el papel reaccionario de los sindicatos, que han apuñalado en la espalda a los controladores de tráfico aéreo. En primer lugar, denunciaron la huelga, diciendo que era espontánea y no oficial y ahora han aceptado el estado de alerta, con apenas un gimoteo de protesta.

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA), que representa el 97 por ciento de los controladores de tráfico aéreo, ni siquiera tiene una declaración en su página web respecto a la movilización del ejército contra sus miembros. De la misma manera, los dos sindicatos mayoritarios, UGT (Unión General de trabajadores) y CCOO (Comisiones Obreras), no han hecho ninguna declaración.

Mientras los controladores eran retenidos a punta de pistola, Camilo Cela, el Presidente de USCA, llamaba los trabajadores a tener "calma" el sábado, declarando que, "hago un llamamiento a la profesionalidad que hemos demostrado durante todos estos meses de ataques por la empresa."

Apoyando a los sindicatos en su negativa a montar cualquier lucha contra estos ataques estuvo Izquierda Unida (IU), la principal formación pseudo-izquierdista en España, liderada por el Partido Comunista. El sábado José Antonio García Rubio emitía una declaración en nombre de IU pidiendo que no hubiese ninguna acción contra las medidas y declarando, "Izquierda Unida no ha estado nunca de acuerdo con las reivindicaciones de los controladores ni con la forma de plantearlas"

La acción militar es la más reciente en una cadena de medidas, cada vez más represivas, llevadas a cabo por los gobiernos de toda Europa para aplastar la oposición popular a los recortes en los salarios, empleos y programas sociales. A medida que se mueven para derrotar las huelgas y protestas, los partidos políticos, tanto de la llamada "izquierda" como la "derecha", están revirtiendo las normas democráticas establecidas durante mucho tiempo.

En Grecia a principios de este año una huelga de camioneros fue reventada por el ejército y más tarde, la policía antidisturbios fue utilizada contra los trabajadores en huelga del Ministerio de Cultura. En Francia la policía antidisturbios ha sido utilizada contra los trabajadores de las refinerías de petróleo. En Gran Bretaña, escuadrones policiales se han enfrentado a protestas de estudiantes a nivel nacional y llevado a cabo detenciones en masa.

Estos gobiernos llevan a cabo los dictados de los bancos, que operan cada vez con más agresividad.

Los acontecimientos en España y otras naciones europeas revelan que la escala de recortes sociales que se están aplicando, con el fin de hacer que la clase trabajadora pague por una crisis que no ha causado, no puede ser impuesta sobre una base democrática.

Hoy, la tarea más urgente en España, en toda Europa e internacionalmente es la construcción de un movimiento político independiente de la clase trabajadora, en oposición a todos los sectores de la clase política y los sindicatos. Solo sobre esta base podrá la clase trabajadora librar una lucha política para repeler y derrotar la ofensiva internacional que se libra por la aristocracia financiera.

La lucha para oponerse a las medidas dictatoriales y defender los derechos democráticos no es una cuestión nacional. Requiere la unidad de los trabajadores a nivel mundial en una contraofensiva contra la élite financiera. Tal lucha debe estar encaminada a derrocar todos los gobiernos que están llevando a cabo estos ataques y su sustitución por gobiernos democráticos de los trabajadores comprometidos a llevar a cabo políticas socialistas.

Robert Stevens

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