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Golpe en Honduras enrtra en su tercer mes

Por Bill Van Auken
2 Septiembre 2009

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Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 29 de agosto, 2009.

Ya hace tres meses que soldados hondureños secuestraron al presidente electo país, Manuel Zelaya, y lo forzaron dentro de un avión para expulsarlo al exterior.

El golpe de estado del 28 de junio instaló un régimen derechista con el respaldo de las fuerzas militares, la oligarquía nacional y las empresas multinacionales que obtienen enormes ganancias de la explotación de los trabajadores hondureños.

A pesar de la resistencia popular de las masas y una condena formal del golpe por parte de Washington y la Organización de Estados Americanos y varios gobiernos latinoamericanos, el régimen golpista de Roberto Micheletti todavía mantiene las riendas del poder. Ahora se prepara para celebrar elecciones fraudulentas para escoger al sucesor de Zelaya.

El régimen se ha mantenido en el poder, en el primer lugar, por medio de una represión salvaje que aumenta cada día. Durante las últimas semanas, informes emitidos por varias organizaciones que defienden los derechos humanos han documentado la violencia que el estado ha desatado contra el pueblo trabajador hondureño, el cual en su inmensa mayoría se ha opuesto a la dictadura.

Amnistía Internacional ha documentado una gran cantidad de arrestos y palizas a manifestantes, además de los asesinatos y “desapariciones”. El grupo, que defiende los derechos humanos, ha acusado al régimen golpista de valerse de una “fuerza excesiva y detenciones cuantiosas para manejar a manifestantes pacíficos” a la vez que “niegan el derecho a la expresión y a la información cuando clausuran los medios de prensa, confiscan equipos y atacan físicamente a periodistas y a fotógrafos”.

Similarmente, una delegación de la Comisión Interamericana sobre los Derechos Humanos (CIADH), que funciona como parte de la OEA, ha encontrado “un patrón de fuerza pública indebida, detenciones arbitrarias y un control de la información cuyo objetivo es restringir la participación política de un sector de la ciudadanía”.

La agencia declaró que había “confirmado el uso de la represión contra manifestantes por medio del bloqueo militar de las carreteras; el la aplicación arbitraria de toques de queda; la detención de miles de gente y su tratamiento cruel, inhumano y denigrante; y condiciones carceleras pobrísimas”. Se calcula que hasta 4,000 personas han sido encarceladas arbitrariamente.

La comisión citó la muerte a balazos de por lo menos cuatro manifestantes, palizas bestiales de otros tantos manifestantes, inclusive a ancianos - hombres y mujeres - con “porras policíacas y otros instrumentos contundentes hechos de goma, hierro y madera”. Se ha reportado que grupos de agentes de la policía han violado sexualmente a mujeres que fueron detenidas durante las manifestaciones.

Aún con semejante represión tan brutal, los trabajadores, campesinos y estudiantes hondureños continúan llevando a cabo huelgas, manifestaciones enormes y otros actos de resistencia como parte de un movimiento de las masas que no tiene precedentes en la historia del país.

Esta heroica lucha ha ayudado a desenmascarar dos ficciones políticas. La primera consiste en el fraude de que el gobierno de Obama ha inaugurado una nueva era de no-intervención y respecto recíproco en las relaciones entre Estados Unidos y Latinoamérica. La segunda es que los regímenes burgueses de variedad nacionalista o populista de la región — desde el de Chávez en Venezuela al del mismo Zelaya - ofrecen una solución a la clase trabajadora y a las masas oprimidas.

No obstante las declaraciones formales de Obama oponiéndose a la deposición de Zelaya, el Departamento de Estado de Estados Unidos, dos meses después del acontecimiento, todavía no lo ha llamado un golpe de estado. De otra manera, Estados Unidos tendría que ponerle paro a toda ayuda al régimen hondureño.

Aún más revelador: ni Obama ni nadie más en su gobierno ha hecho la menor crítica a las matanzas, las desapariciones, la tortura y las detenciones de grandes cantidades de gente en el país. Y la prensa estadounidense por su parte casi no ha llamado la atención a estos crímenes.

Mientras tanto, el Pentágono continúa sus actividades militares en la base de Estados Unidos en Soto Cano - la mayor de la región - en la cual 600 tropas norteamericanas y cientos de contratistas civiles independientes colaboran íntimamente con los militares golpistas hondureños.

Pero casi es imposible que los militares hondureños y la oligarquía que rige al país, quien ha sido el cliente más servil del imperialismo yanqui por más de un siglo, llevarían a cabo semejante acción sin la luz verde de Washington.

El gobierno de Obama, muy lejos de de fomentar una era de paz y harmonía, ha lanzado una campaña para reafirmar el dominio de Estados Unidos sobre Latinoamérica, valiéndose para ese propósito de sus fuerzas militares como manera de contrarrestar el desafío económico que ahora presentan China, Europa y otros competidores de la misma región. Dos cosas indican que ésta es la verdadera estrategia de Estados Unidos: el reciente furor desatado por el acuerdo de Colombia con el Pentágono de proveerle a este último bases para el despliegue de “fuerzas rápidas de reacción” a cualquier del hemisferio; y los planes continuos de Estados Unidos para resucitar a su Cuarta Flotilla.

La reacción principal de Washington al golpe ha sido instigar los esfuerzos de mediación por el presidente costarricense, Oscar Arias - quien por largo tiempo ha sido de gran provecho para Estados Unidos - y el apoyo a su llamado Acuerdo de San José.

Esta propuesta haría regresar a Zelaya al palacio presidencial como un presidente sin ninguna autoridad, subordinado al gobierno de “unidad nacional y conciliación” dominado por los militares y los elementos políticos que lo derrocaron en primer lugar. A los que participaron en el golpe y pusieron en marcha y la represión bestial que siguió se les ofrecería amnistía total. Y también prohibiría todo intento de convenir una asamblea constituyente para enmendar la reaccionaria constitución de 1992, que fue impuesta por los Estados Unidos y los militares hondureños.

Semejante acuerdo aseguraría ciertos objetivos claves del derrocamiento del 28 de junio y tendría el efecto de legitimar los golpes militares por todo el hemisferio.

Que Zelaya acepta esta conspiración indica que es incapaz de - y que no tiene la voluntad para - desafiar los límites de la política burguesa y el domino imperialista de Honduras. Más bien, toda su estrategia para segurar su retorno a la presidencia se ha basado en pedirle al gobierno de Obama que imponga sanciones aún más severas contra el régimen que su propio Partido Liberal y Micheletti, su viejo aliado político, dirigen.

Los gobierno latinoamericanos, inclusive el de Chávez en Venezuela, han mostrado una impotencia similar, condenando al golpe solamente con palabrerío al mismo tiempo que débilmente le imploran a Obama que ponga en su sitio a los oligarcas y militares hondureños.

Los eventos en Honduras han causado que las líneas que separan a las clases sociales queden bien demarcadas. Han sido los trabajadores hondureños que, con el respaldo de los campesinos y estudiantes, han luchado intransigentemente contra el régimen golpista, aún cuando el propio Zelaya ha buscado la manera de llagar a un acuerdo, tramado por Estados Unidos, con los dirigentes del golpe.

La disposición de Zelaya en participar en semejante pacto confirma las amargas lecciones amargas del período reciente en Latinoamérica en que solo huno derrotas, desde Brasil en 1964, a Chile en 1973, Argentina en 1976. La clase trabajadora no puede defenderse de los golpes militares y las dictaduras si subordina sus luchas a las llamadas facciones “progresistas” de la burguesía.

Solo la clase trabajadora, al movilizar su poder político independiente contra el régimen golpista y el orden capitalista que éste defiende, puede evitar una “paz” contrarrevolucionaria en Honduras. Esta lucha ha de llevarse hacia delante por medio de la demanda por un gobierno de trabajadores y campesinos; y la expropiación de las “diez familias” que constituyen la oligarquía y de las empresas multinacionales que respaldaron el golpe. Todo ello requiere la transformación socialista de Honduras y toda la región.

En esta lucha, los trabajadores hondureños no van a encontrar ningún apoyo, ni en sanciones impuestas por Obama, ni en la ayuda de Chávez y otros regímenes latinoamericanos. Al contrario; encontrarán dicho apoyo del pueblo trabajador de Latinoamérica y Estados Unidos mismo, ambos quienes se encuentran impulsados a batallas clasistas por la crisis económica histórica que azota al capitalismo mundial.

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