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Tres meses después del golpe

Régimen golpista impone estado de sitio en Honduras

Por Bill Van Auken
1 Octubre 2009

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Este artículo apareció en nuestro sitio en su inglés original el 29 de septiembre, 2009.

Tres meses después del golpe que lo llevó al poder, el régimen derechista de Roberto Micheletti, dirigente del Partido Liberal, ha impuesto un estado de sitio por 45 días. Se han suspendido todos los derechos democráticos.

El lunes se puso en práctica el decreto, el cual permite detenciones y búsquedas sin cargos o permisos judiciales y abroga el derecho a la asamblea y la libertad de movimiento, prensa y expresión.

El régimen golpista sostiene que las medidas han sido necesarias para contrarrestar llamadas a una “insurrección” por el depuesto presidente, Manuel Zelaya, quien logró regresar al país clandestinamente el 21 de septiembre. Se refugió en la embajada brasileña en Tegucigalpa.

Zelaya, aún después de su retorno, ha estado muy lejos de abogar por una “insurrección”. Primero pidió un diálogo y luego se encontró con cuatro candidatos a la presidencia, todos partidarios del golpe que lo derrocó. Los comicios tendrán lugar en noviembre. Los que han resistido el golpe han hecho un llamado para boicotear las elecciones.

Cientos de tropas entrenadas para dispersar disturbios, respaldadas por una “tanqueta lanza aguas” y un helicóptero militar, se movilizaron para desbaratar una manifestación en las afueras de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, donde cientos se habían congregado para marchar hacia la embajada brasileña. La manifestación había sido llamada para marcar los tres meses desde el golpe de estado el 28 de junio, cuando Zelaya fue arrastrado del palacio presidencial y forzado a punta de pistola a abordar un avión que lo llevó a Costa Rica y al exilio.

Las tropas se desplegaron en lugares estratégicos de la capital hondureña para prevenir que el pueblo de regresara al punto de partida de la manifestación. Uno de los dirigentes campesinos, Rafael Alegría, le dijo a corresponsales que lo mismo estaba sucediendo en todo el país, que estaban bloqueando a la gente para que no saliera a manifestarse.

Horas antes ese mismo día, cientos de tropas de combate y policías antimotines rodearon dos estaciones, una de radio y la otra de televisión, que se habían expresado su oposición al golpe: Radio Globo y el Canal 36. Los soldados tiraron las puertas abajo, destruyeron las oficinas y el equipo y quitaron las estaciones del aire. Varios empleados de las estaciones se vieron forzados a saltar por las ventanas para eludir el ataque.

El decreto de estado de sitio autoriza "impedir la emisión por cualquier medio hablado escrito o televisado, de manifestaciones que atenten contra la paz y el orden público'', o "que atenten contra la dignidad humana de los funcionarios públicos o las decisiones gubernamentales''.

El decreto también autoriza el arresto de toda persona “que de alguna manera se presuma sospechosa” y apresarla en “centros de detención establecidos por la ley”. Hubo informes acerca de que el gobierno había ordenado una redada de activistas conocidos y su encarcelamiento en un estadio de fútbol.

Mientras el estado de sito tomó efecto el lunes, adversarios del régimen golpista enterraban a otra de sus víctimas, Wendy Elizabeth Ávila, estudiante universitaria que murió a causa de inhalar gases lacrimó?genos durante un asalto contra manifestantes en las afueras de la Embajada de Brasil.

Mientras tanto, la dictadura hondureña ha adoptado una postura de provocaciones hostiles hacia las instituciones gubernamentales e internacionales que han abogado por el retorno de Zelaya a la presidencia.

El régimen golpista también emitió una fecha de vencimiento al gobierno brasileño el lunes, dándole diez días para que entregara a Zelaya o lo sacara del país como exiliado en Brasil. Declaró que después de los diez días ya no reconocería la inmunidad diplomática de Brasil y que a las fuerzas de seguridad se les daría riendas sueltas para llevar a cabo un allanamiento de la embajada para capturar al depuesto presidente.

“Brasil no acepta el ultimátum de un gobierno golpista", contestó el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. "Para mí, la solución es simple”, añadió. “Los golpistas deben salir del palacio presidencial. Zelaya debe regresar al poder y se deben convocar elecciones".

Esta “solución” promovida por Lula es, en todos sus elementos esenciales, la misma que Washington ha estimulado por medio de su mediador, Carlos Arias, presidente de Costa Rica que por mucho tiempo le ha brindado a Estados Unidos servicios muy valiosos. Bajo el Acuerdo de san José emitido por Arias, Zelaya regresaría a la presidencia como títere de un gobierno de “unidad nacional” dominado por los mismo generales y políticos que lo derrocaron. A ellos se les ofrecería amnistía por los crímenes represivos de los últimos tres meses. Y en los comicios de noviembre se elegiría a un sucesor de Zelaya, quien terminaría su plazo presidencial en enero.

Mientras Zelaya es presidente se le prohibiría abogar por cualquier cambio a la constitución hondureña, carta impuesta sobre el país por sus ex dictadores militares y la Embajada de Estados Unidos. Su intento de llevar a cabo un plebiscito para averiguar si los hondureños apoyarían alguna enmienda a la constitución fue el pretexto que se usó para derrocarlo.

Zelaya ha aceptado esta reaccionaria propuesta; Micheletti y sus compinches golpistas dirigentes lo han rechazado y exigido que Zelaya se lleve a juicio.

El domingo, una delegación compuesta de cinco miembros, enviada por la Organización de Estados Americanos para mediar un acuerdo en cuanto a la crisis, aterrizó en el aeropuerto de Tegucigalpa. De los cinco, solo a uno — John Biehl, asesor del Secretario Generak de la OEA, José Miguel Insulza - se le permitió permanecer en el país. Los otros cuatro fueron deportados bajo la vigilancia de guardias policíacos y militares. Todos fueron detenidos por seis horas.

Biehl asertó que “como chileno tengo que decir que me trajo memorias terribles”, refiriéndose a la salvaje represión bajo la dictadura militar encabezada por el general Augusto Pinochet.

Un vocero del régimen hizo notar que los embajadores que fueron retirados del país en protesta del golpe no iban a correr el riesgo de regresar luego de enterarse del tratamiento que había recibido la delegación de la OEA. El único embajador que ha permanecido en Tegucigalpa es el de los Estados Unidos, el cual también ha mantenido su base militar en Soto Cano - la mayor base militar de Estados Unidos en Latinoamérica - funcionando normalmente.

El Consejo Permanente de la OEA convocó una sesión extraordinaria el lunes para debatir la situación hondureña. La organización adoptó una resolución condenando la suspensión de derechos constitucionales y la expulsión de los representantes de la OEA sólo después que Estados Unidos, Brasil, México y Costa Rica intervinieron para tratar de debilitar el lenguaje del contenido.

El Secretario General Insulza dejó bien claro que la resolución no tenía ningún poder y declaró que el estado de sitio en Honduras “no debería obligarnos a cambiar de curso sino a insiti9r en la idea que es necesario y posible alcanzar una solución pacífica”.

El representante de Estados Unidos ante la OEA, Lewis Amselem, se aprovechó de la sesión para culpar a Zelaya y no al régimen golpista de la crisis. Catalogó al derrocado presidente de “irresponsable e imprudente” por regresar a su país antes de que Estados Unidos y su títere, Carlos Arias, pudieran imponer un acuerdo mediado.

“El retorno de Zelaya ante la ausencia de un acuerdo es irresponsable e imprudente”, puntualizó el representante estadounidense. “Él debería cesar y desistir de lanzar acusaciones descabelladas y de actuar como si fuera estrella de una vieja película”.

Esta declaración es extraordinaria, puesto que Zelaya se encuentra atrapado en una embajada rodeada por tropas militares armadas hasta los dientes y ha sido blanco de repetidos ataques con gases lacrimógenos. Se podría decir que semejante declaración fácilmente podría interpretarse como un llamado para que asesinen al depuesto mandatario.

Amselem agregó que “Luego de optar, con ayuda de afuera, por regresar bajo sus propios términos, el Presidente Zelaya, y aquellos que facilitaron su regreso, son primariamente responsables por las acciones de sus partidarios”.

También añadió que el regreso de Zelaya a Honduras era “un insulto a la comunidad internacional y a la OEA. Finalmente le pidió a “todos los bandos a que se abstuvieran de hacer provocaciones e instigar la violencia”.

Este lenguaje implícitamente apoya la continuidad de la represión en Honduras. No es ninguna aberración. La semana pasada, luego de la imposición de un prolongado toque de queda y6 la dispersión violenta de partidarios de Zelaya que se habían reunido en las afueras de la Embajada de Brasil, la Secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, notó con aprobación durante una conferencia de prensa: “Yo pienso que el gobierno impuso un toque de queda - y esto lo acabamos de saber - para tratar de sacar a la gente de las calles para que no suceda nada imprevisto”.

Presumidamente, estos sucesos “imprevistos” no tomaron en consideración las matanza de Wendy Elizabeth Ávila, las palizas a muchos otros y el encarcelamiento y la tortura de manifestantes, para no decir mencionar la manera en que siete millones y medio de gente se quedaron encerradas bajo llave en sus propios hogares para averiguárselas con el hambre y el miedo. Todo esto se pudo haber previsto inminentemente

A medida que la crisis en Honduras avanza lentamente, la verdadera postura del gobierno de Obama se muestra a sí misma con mayor claridad. Desde un principio apoyó los objetivos políticos de los líderes golpistas mientras buscaba, por medio del llamado proceso de mediación, como desperdiciar el tiempo que le quedaba al plazo de la presidencia de Zelaya o restaurarlo como un títere del régimen golpista sin autoridad alguna. Aunque a veces se impacientaba con la intransigencia que la extrema derecha de la oligarquía hondureña mostraba a un acuerdo diseñado para conservar sus intereses, Washington indicó, con cada paso que daba, que apoyaba tácitamente le represión de la rebelión cada vez más extensa del pueblo trabajador hondureño.

 



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