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Juez Español lanza nueva investigación sobre la tortura aprobada por funcionarios del gobierno de Bush

Por Paul Mitchel y Chris Mariden
9 Junio 2009

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Este artículo apareció en nuestro sitio el 1 de Mayo 2009 en su inglés original.

Baltasar Garzón, el principal juez investigador de España, ha lanzado una nueva investigación jurídica de las acusaciones de tortura en la Bahía de Guantánamo y otras prisiones estadounidenses con el objetivo de encontrar "posibles autores materiales, que facilitaron o fueron cómplices" del abuso ilícito de los detenidos.

En la orden judicial emitida el miércoles, Garzón indicó con duras palabras que investigaría el papel que jugaron altos funcionarios del gobierno de Bush en lo que el definió como "un plan sistemático y autorizado para la tortura y el cruel tratamiento a personas privadas de su libertad, sin oficiales y sin los derechos mas básicos para detenidos, exigidos por los tratados internacionales"

Escribió Garzón que la Bahía de Guantánamo podría considerarse como "un verdadero ‘limbo' en la comunidad jurídica que queda definida por una multitud de tratados y convenciones firmadas por la comunidad internacional".

Garzón dio a entender claramente que consideraba iniciar acción judicial contra los funcionarios de Bush que autorizaran o aprobaran el uso de la tortura, no simplemente a agentes de la CIA que la efectuaron, sino también a los abogados del Ministerio de Justicia que ofrecieron justificaciones pseudo legales.

Escribió que documentos del Ministerio de Justicia bajo Bush que previamente habían sido clasificados pero que fueron publicados el mes pasado por el gobierno de Obama, indicaban la existencia de un programa de tortura en la prisión de la base aérea de los EEUU en Bagram, Afganistán, igual que en Guantánamo. Éste programa había sido aprobado "casi un nivel oficial"; cosa que "genera una responsabilidad penal en las diferentes estructuras de ejecución, mando y diseño y autorización de ese plan sistemático de tortura".

Añadió que los documentos redactados por los abogados del Ministerio de Justicia

en 2002 y 2005 proporcionaban pruebas "lo que antes se intuía".

En el sumario judicial de diez páginas, Garzón expresó que los abusos en Guantánamo y en otras prisiones de los EEUU para personas sospechadas de ser terroristas sugiere "un plan autorizado y sistemático de tortura y malos tratos sobre personas privadas de libertad sin cargo alguno y sin los elementales derechos de todo detenido". También declaró que solicitaría copias de los memorándums del gobierno de Obama y que le pedirá al juez Ismael Moreno la información que ha obtenido en el curso de su investigación sobre los vuelos secretos de la CIA que aterrizaron en territorio español.

Aunque Garzón no ha ofrecido los nombres de los blancos de su investigación, el tono del lenguaje de la orden judicial plantea la posibilidad que el vaya a emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios de Bush, tales como el Vicepresidente Dick Cheney, el Ministro de Defensa Donald Rumsfeld, la Asesora de Seguridad Nacional y luego Ministro de Relaciones Exteriores, Condoleezza Rice, e inclusive él mismo Bush.

En 1998, Garzón emitió una orden de arresto contra el ex dictador chileno Agusto Pinochet durante la estancia de éste en Gran Bretaña. El juez exigió su extradición para enjuiciarlo en un tribunal Español. Esto inició una disputa jurídica en la que Pinochet fue obligado a permanecer bajo arresto domiciliario en Gran Bretaña durante 17 meses. Ahora, altos funcionarios del gobierno de Bush, inclusive el propio Bush, tienen buenas razones para no abandonar suelo Americano por temor a sufrir el mismo destino o peor.

Garzón cita los estatutos españoles de "juridicción universal" y las disposiciones de los Convenios de Ginebra y leyes internacionales que prohíben la tortura y obligan a los signatarios a enjuiciar a todo funcionario de todo gobierno que infracte estas leyes en contra de la tortura. Dijo también que haría una reseña a los testimonios de cuatro ex rehenes en la Bahía de Guantánamo que habían sido enjuiciados hace varios años por pertenecer a Al Qaeda. Pero el tribunal Supremo Español exoneró a Hamed Abderrahman Ahmed y a Lahcen Ikassrien. Las autoridades británicas suspendieron las órden de de arresto para Abdul Latif al Banna y Omar Deghayes.

Los detenidos alegan alegan "haber sufrido actos de agresión física y psicológica durante su retención en diferentes países, estando bajo la autoridad de personal del Ejército norteamericano." La lista de abusos incluye palizas, agresión sexual, exposición a temperaturas de extremo calor y frió, música continua con el volumen muy alto, largos períodos de interrogación y privación de sueño.

El anuncio de Garzón agrava la crisis política que ha rodeado lal gobierno de Obama en cuanto al uso de la tortura por parte de los EEUU y otras infracciones de leyes internas e internacionales. Obama ha tratado de dar la impresión que su gobierno representa un rechazo total de esas prácticas, pero a la vez defiende los crímenes mas atroces, tales como el secuestro y las "desapariciones" de individuos y su "rendición" a otros países, donde se enfrentan al encarcelamiento y la tortura a manos de esos gobiernos.

El 16 de abril, Obama decidió publicar memorándums de la época de Bush en los cuales se aprobaban métodos como "El Submarino", lo que su gobierno ha admitido que constituye tortura. Hizo esto solo bajo presión de un tribunal que había dado un plazo definitivo para la publicación de dichos documentos.

Al mismo tiempo rechazó toda investigación o enjuiciamiento de agentes de la CIA que cometieron los actos de tortura. Evidentemente, Obama esperaba así ponerle fin al la controversia ardiente acerca de la tortura para pacificar a sus partidiarios liberales y la opinión mundial a la vez que le asegura a los sectores militares y de espionaje y funcionarios altos del gobierno de Bush que no iba a considerarlos responsables.

Esta movida ha tenido el efecto opuesto, causando que altos funcionarios del gobierno de Bush se manifiesten públicamente con críticas acérrimas, incluyendo a Cheney y el ex Director de la CIA, Michael Hayden — quienes han movilizado los sectores más di- satisfechos de la maquinaria militar y de espionaje y de otras fuerzas generalmente derechistas — y defienden la tortura de personas acusadas de ser terroristas y acusan a Obama de poner en peligro la seguridad nacional.

Ante la intensificación del conflicto dentro del estado, funcionarios del gobierno han declarado su oposición a toda investigación pública del programa de tortura de Bush. Esto ha puesto a Obama en la situación de reconocer los crímenes de estado a la vez que defiende a los perpetradores.

Los dirigentes Demócratas en el Congreso han seguido las pautas de Obama, oponiéndose a toda investigación jurídica de los funcionarios del gobierno de Bush y más bien uniéndose para cerrar filas en apoyo de una investigación llevada a cabo por el Comité Sobre el Espionaje del Senado en cámara secreta, lo cual garantiza que será "bi-partidista" y "no politizada", además de que la mayoría de las revelaciones, si no todas, permanecerán clasificadas.

El anuncio de Garzón el miércoles sigue su intento de acusar a los seis altos funcionarios del gobierno de Bush que participaron en la redacción los memorándums sobre la tortura. El General Fiscal del Estado de España, Conde-Pumpido, se ha opuesto públicamente a esta investigación y busca aniquilar toda exploración del tema. Esta movida para bloquear la investigación proviene de debates a altos niveles entre Washington y Madrid, incluyendo conversaciones directas entre Obama y el Primer Ministro José Luís Rodríguez Zapatero, del Partido Socialista (PSOE).

La nueva investigación de Garzón es un acto de desafió que ha intensificado las consecuencias políticas cuyo blanco son los funcionarios de primer rango del gobierno de Bush que autorizaron el programa de tortura.

En una conferencia de prensa el miércoles, Obama reiteró su creencia que "El submarino" autorizado por Bush era tortura. Sin embargo, importantes funcionarios del gobierno de Bush siguen defendiendo semejantes prácticas y su apoyo de las mismas.

Uno de los acusados en la causa originada por Garzón fue Jay Bybee, quien, como asistente del Procurador General, firmó algunos de los memorándums sobre la tortura y que fue nombrado por Bush como juez a una corte federal de apelaciones. Se enfrenta a una creciente demanda para que se le destituya de su puesto. El miércoles rompió el silencio y defendió su papel en aprobar la tortura a los detenidos. Le dijo al New York Times: "En ese momento yo creí, y lo sigo creyendo hoy, que las conclusiones tenían razón desde el punto de vista jurídico".

En cualquier caso la defensa de Condoleezza Rice de sus acciones fue aún más descarada que la de Bybee. El jueves, la página web Huffington Post publicó un reciente intercambio entre Rice y estudiantes cuando ella presentaba una charla en la Universidad de Stanford. Cuando varios estudiantes le preguntaron si "El Submarino" era tortura, ella respondió que "por definición, si fue autorizado por el presidente, no violó nuestras obligaciones bajo la Convención Contra la Tortura".

La postura de Rice es que Bush personalmente autorizó "El Submarino" y en tal caso la autorización presidencial anula la ley. Al querer defenderse, ha puesto a Bush en el punto de mira.

El Procurador General de Obama, Eric Holder, se negó a decir si los EEUU cooperaría con la investigación del juez Garzón. Simplemente le contestó a una pregunta: "Obviamente consideraríamos toda solicitud de un tribunal de cualquier país para ver cómo y si tenemos que cumplir con ella o no".

Michael Ratner, presidente del Centro de Derechos Constitucionales (CCR), que representa a muchos de los retenidos en la Bahía de Guantánamo, se refirió a la nueva investigación de Garzón: "Los conspiradores de la tortura están en un buen lío. Aunque los EEUU fracase en su obligación de abrir una investigación sobre sus acciones delictivas, España si lo hará. Los conspiradores pueden correr pero no se podrán esconder. Es concebible que ya se hayan efectuado las órdenes de arresto o que pronto lo serán. Acusaciones formales seguramente han de seguir. Y a los integrantes del equipo de tortura se les están limitando las opciones que tienen para viajar".

La actitud del establecimiento político y de los medios de comunicación a la investigación de Garzón se ha revelado por casi el silencio total con que la han acogido. Casi ni se ha reportado en los canales de televisión consagrados a las noticias, y lo que se ha escrito en los periódicos es muy superficial. Un artículo fue publicado en la edición electrónica del New York Times el miércoles, pero no apareció en la edición impresa del día siguiente.

Esta reacción demuestra una vez más la complicidad de los medios de comunicación en las acciones criminales del gobierno de Bush y el esfuerzo de Obama para prevenir que a los culpables de crímenes de estado se les considere responsables de sus acciones.

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