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Protestas masivas contra gobierno peruano por masacre en la selva

Por Luis Arce
16 Julio 2009

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Una ola de manifestaciones y marchas en repudio a la masacre de indígenas amazónicos a manos del gobierno peruano se llevó a cabo en todo el país el jueves pasado.

La jornada de lucha contó con la participación de indígenas amazónicos, mineros y campesinos andinos, trabajadores urbanos como obreros de construcción y maestros entre otros, más escolares y universitarios. Ha sido el mayor acto de fuerza contra el desacreditado gobierno aprista desde que Alan García asumiera el poder hace tres años.

Los manifestantes se enfrentaron a actos de violencia por parte de la policía en varias ciudades incluyendo Lima, la capital.

La jornada de lucha tenía como fin inmediato expresar la indignación popular contra el regimen aprista por haber ordenado el violento ataque policial del 5 de junio para desalojar a los nativos que se encontraban bloqueando la carretera Fernando Belaúnde Terry cerca a la ciudad norteña de Bagua. La violencia dejó un saldo de docenas de muertos y cientos de heridos.

Según el gobierno, 24 policías y solo nueve indígenas murieron en los enfrentamientos. Sin embargo, hospitales y organizaciones religiosas de la zona han presentado cifras de civiles muertos mucho mayores. Testigo han declarado que la policía quemó los cuerpos de manifestantes, los pusieron en bolsas negras y los arrojaron al río. Algunos de los cuerpos que fueron recuperados muestran señas de haber sido quemados y disparados repetidas veces en la cara antes de ser asesinados.

Los manifestantes del jueves demandaron la derogatoria de los Decretos Ley 1090 y 1064. El objetivo de estos decretos es regular la explotación de los recursos energéticos, minerales y forestales en la amazonía por parte de compañías transnacionales . Llamaron también a la renuncia del presidente Alan García, el premier Yehude Simon y otros miembros del gabinete ministerial.

En un intento de apaciguar el creciente descontento e indignación popular por la masacre de Bagua, el Congreso Peruano decidió suspender por un período indefinido los decretos mencionados. Los manifestantes sin embargo rechazaron esta medida y pidieron la derogatoria de éstos, alegando que son inconstitucionales porque violan los reglamentos establecidos por la Organización Internacional del Trabajo y fueron adoptados sin consultar a los indígenas.

Respaldando este alegato, el Tribunal Constitucional del Perú admitó la demanda de inconstitucionalidad presentada por la Defensoría del Pueblo contra el DL 1064.

El gobierno aprista se opone a la derogatoria porque los decretos representan una parte integral del Tratado de Libre Comercio firmado con Washington. El Presidente García teme que los EE.UU. podrían declarar nulo el tratado, lo cual sería desvastador para la política económica de su gobierno.

En Lima más de 20 mil personas iniciaron una marcha pacífica desde la Plaza Dos de Mayo hasta el Congreso y Palacio de Gobierno, donde reside el presidente. Entre los organizadores de la marcha están la Central General de Trabajadores del Perú (CGTP), Sutep (sindicato de maestros), organizaciones estudiantiles y varios partidos de izquierda.

Un manifestante mandó la siguiente nota al WSWS:

"A las 2 pm llegué a la Av. Colmena con Tacna que estaba resguardada por policías. De repente desde la Av. Colmena escucho a los maestros del Sutep llegar.

"Eran bastantes y estaban en las pistas, estaban cantando slogans denunciando a la mascare en Bagua...

"Después llegaron [a la Plaza Dos de Mayo] las federaciones de las universidades PUCP y San Marcos... que también denunciaron a García, a la masacre y llevaban carteles con diversos mensajes, todos en apoyo a los nativos, y en denuncia a García.

"Eventualmente la congregación se empezó a mover por la Av. Colmena, eramos miles, pasamos la Plaza San Martín. Y al llegar a la Av. Abancay ... de repente los policías nos atacaron con gases lacrimógenos, su objetivo fue impedirnos llegar a Palacio de Gobierno (donde se suponía que iba a acabar el paro).

"Todos los manifestantes corrimos mientras los gases lacrimógenos nos alcanzaban. Los ojos de todas las personas que corrían a mi alrededor de repente se volvieron lacrimosos y rojos, supongo que los míos estaban así también.

"La gente gritaba: ‘No tenemos un presidente sino un genocida.' Retrocedimos por la Av. Colmena hasta que nos detuvimos en la Plaza San Martín donde el paro acabó. Miembros de distintas organizaciones se paraban a hablar en contra de la represión vivida ahí. También vi a una persona atacada, cuyo rostro estaba ensangrentado y golpeado."

Otra joven que participó de la marcha en Lima mandó una pequeña nota al WSWS, diciendo: "Fue bastante complicado porque hubo mucha represión por parte de los policías, mucho enardecimiento, mucho caos, por tanto poca organización. Hubo mucha gente joven de distintas universidades."

Esta nota inocente tiene un gran significado. La marcha del 11 de junio representa el primer paso hacia la lucha por la justicia social de una nueva generación de estudiantes. Otro factor digno de resaltar es el surgimiento de nuevas organizaciones de base representando al pueblo y que ahora están jugando un papel dirigente en la lucha contra el gobierno, inpendientemente de los viejos partidos y burocracias sindicales.

Se dieron manifestaciones en varias ciudades norteñas. En Trujillo, cuna del partido Aprista, universitarios y organizaciones de frentes populares marcharon lanzando arengas en respaldo a los nativos.

En Chiclayo los manifestantes, incluyendo estudiantes y sindicatos, fueron impedidos por la policía de ingresar al parque central. Universitarios quemaron muñecos con la cara de Alan García.

Los actos de protesta en Lima y el norte del país tienen un alto significado político porque fueron esas las únicas regiones prácticamente donde ganó el Apra y que le dio la presidencia a Alan García.

Su rival, el líder del ultra-nacionalista del Partido Nacionalista Peruano, ex-oficial del ejército Ollanta Humala, derrotó a García abrumadoramente precisamente en los territorios que hoy se encuentran a punto de revelarse contra el gobierno—la región andina y la selva amazónica.

Mientras los partidos de la burguesía—apristas, fujimoristas y el derechista Unidad Nacional—se unieron para pasar la suspensión de los DL 1090 y 1064, los Humalistas votaron en contra, pidiendo en su lugar la derogación de los decretos.

En el sur del país se presentaron disturbios en las ciudades principales. En Puno, un grupo de 500 estudiantes de la Universidad del Altiplano armados de palos y piedras se enfrentó a la policía. Se informa que la protesta en Tacna—ciudad limítrofe con Chile—fue multitudinaria y que incluyó el bloqueo de la carretera Panamericana.

Los campesinos de Sicuani iniciaron una huelga general indefinida y bloquearon varios puntos de las vías Cusco-Puno, Cusco-Arequipa y Cusco-Puerto Maldonado.

En Arequipa, la segunda ciudad del país, los manifestantes colmaron la Plaza de Armas y quemaron muñecos y féretros.

La ciudades de la sierra central también levantaron su voz contra los actos de violencia y la política económica del gobierno. En Ayacucho la protesta fue masiva, muchos marcharon con los rostros pintados.

En Huancayo, el centro del comercio de la sierra central, universitarios bloquearon la carretera central y resistieron un intento de desalojo por parte de la policía.

Como era de esperarse, la región mas convulsionada fue la selva amazónica. En abril, las tribus indígenas dirigidos por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) inició una serie de actos de protestas demandando la derogatoria de los DL 1090 y 1064. Aidesep representa a 1,350 comunidades y unos 600,000 indígenas amazónicos.

Rápidamente la protesta indígena ganó apoyo popular. Frente a la intransigencia al diálogo por parte del premier Yahude Simon, los nativos intensificaron sus luchas e iniciaron una serie de bloqueos de carreteras y oleoductos. El apoyo a los nativos incluyó marchas y paros de 24 horas en diferentes ciudades.

Ante ésto, el gobierno reaccionó pasando una orden que permitía a las FF.AA. dar apoyo a las policía nacional. También se declaró un estado de emergencia. Ahora se sabe que una representante de los EE.UU. en las negociaciones del TLC había expresado su preocupación de que si Perú no mantenía sus compromisos en cuanto a abrir la selva al capital extranjero, entonces propondría la nulidad del TLC.

Sin duda, la actidud del gobierno norteamericano tuvo un gran peso en la decisión del Presidente García para provocar los actos de violencia, primero desalojando a los nativos que habían tomado un oleoducto en el sur del país y luego organizando a la masacre de Bagua.

Ante el anuncio de la jornada de lucha para el 11 de junio, el gobierno movilizó masivamente a la policía nacional y las FF.AA. en las poblaciones de la selva peruana.

Se ordenó la movilización de policías y la Marina de Guerra en Pucalpa. La ciudad de Iquitos fue militarizada cuando se ordernó la intervención del ejército, marina, fuerza aérea y la policía. Pucalpa e Iquitos son las principales ciudades comerciales de la selva peruana. Mientras la fuerza aérea se encargó de custodiar los aeropuertos, la marina hizo lo propio con los puertos fluviales en los ríos Ucayali y Amazonas.

Desafiando la fuerte movilización militar, los pueblos indígenas amazónicos salieron a la lucha. Miles de shipibo-cunibos, ashaninkas, awajún, sharanahuas y cashibo-cacataibos se transladaron a Pucalpa para participar de las acciones de protesta junto con la CGTP y otros frente de defensa.

Más de 600 nativos estudiantes de la Universidad Intercultural de la Amazonía Peruana en Yarinacochas asistieron a la marcha de Pucalpa.

Por otro lado, 3,000 shipibos y ashaninkas de la localidad de Iparia, en el alto Ucayali, anunciaron su disposición a cerrar el río Ucayali. Igualmente, los nativos de Lago Imiria, a una hora al norte de Pucalpa, amenazaron con bloquear el río Imiria. Anuncios de otros bloqueos fluviales llegaron desde Tamaya, cerca a la frontera con Brasil, donde 2,000 ashaninkas cerrarían el río Tamaya.

Los colegios y el comercio cerraron en toda la selva durante el día de protesta.

Ante la enorme movilización de los pueblos indígenas y el apoyo contundente por parte de los sectores populares del Perú, las medidas matonezcas y soberbias del gobierno aprista sólo servirán para echar más leña al fuego.

El premier Yehude Simon, que en los 1990s fuera encarcelado por supuestamente ser simpatizante de grupos de izquierda, se ha convertido en el principal vocero de la matonería y mentalidad dictatorial del Partido Aprista. Simon ha declarado que no permitirá que un grupo de personas de la amazonía afecte la democracia. Ahora reclama que está dispuesto a dialogar con los indígenas pero que excluirá a Aidesep de la negociaciones y a su líder Alberto Pizango que se encuentra refugiado en la Embajada de Nicaragua.

En un spot publicitario cuyo único motivo era antagonizar y enardecer la opinión pública contra los nativos amazónicos, el gobierno difundió tomas de los policías muertos durante el conflicto de Bagua, llamando a los nativos "salvajes."

La respuesta de la población del Perú, de indígenas amazónicos, campesinos, obreros y estudiantes, ha sido una clara denuncia masiva contra la medidas de fuerza del estado. El gobierno de García rápidamente está perdiendo las opciones de gobernar democráticamente y se mueve en dirección de medidas dictatoriales para defender el TL,c los intereses del capital extranjero y el de sus socios menores en la oligarquía peruana.

 



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