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Acusan a la Ford motor Company de ser cómplice en la "guerra sucia" de Argentina

Por Bill Van Auken
28 Febrero 2006

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Este artículo fue publicado en nuestro sitio por primera vez, en su inglés original, el 25 de febrero, 2006.

La Ford motor Company ha sido acusada ante un tribunal argentino de haber participado directamente en la detención ilícita, la tortura, y las "desapariciones" de sus propios trabajadores bajo la dictadura que gobernó al país sudamericano del 1976 al 1983.

La fabricante automovilística estadounidense fue demandada ante dos tribunales—penal y civil—por haber llevado a cabo un "terrorismo de empresa" bajo el régimen militar con el objetivo de reprimir la militancia de los obreros en sus fábricas de producción en la Argentina.

Pedro Noberto Troiani, querellante principal del caso, había sido delegado sindical en la planta de la fábrica en General Pacheco, en las afueras de Buenos Aires, en 1976, cuando los militares argentinos tomaron el poder en un golpe de estado respaldado por Estados Unidos. Troiani ha entablado su pleito en nombre de más de dos docenas de militantes pertenecientes al comité dirigente del sindicato y de otros trabajadores que fueron arrestados por fuerzas de seguridad a punta de pistola. Muchos fueron detenidos mientras trabajaban en las líneas de montaje. Otros fueron arrestados mientras se encontraban en sus hogares.

"Algunos fuimos secuestrados por las fuerzas de seguridad en el interior de la fábrica y trasladados a un precario centro clandestino de detención ubicado en la zona del campo de deportes de la fábrica", recuerda Troiani, quien actualmente tiene 64 años de edad. "Allí nos encapucharon, nos golpearon, sufrimos simulacros de fusilamiento y fuimos sometidos a torturas", dijo, inclusive con una picana eléctrica

El caso, que se iniciara tres años atrás, ha reunido pruebas instrumentales y testimonios que establecen que la gerencia de la Ford colaboró íntimamente con la dictadura para identificar a los militantes y ofrecer ayuda directa para raptar y torturarlos.

El abogado Tomás Ojea Quintana expresó que luego de haber examinado todo el material, habían llegado a la conclusión que la empresa quería "sacarse de encima a los delegados que molestaban".

Testigos han testificado que la oficina del personal de la empresa había entregado a los raptores fichas detalladas de ellos, y los rapotores usaron tarjetas de identificación con fotografías para señalarlos. En varios casos, personal militar rodeó a los trabajadores y los obligó a desfilar por la fábrica para intimidar al resto de la fuerza laboral.

Aproximadamente 5,000 obreros trabajaban en la fábrica en ese entonces. Uno de los vehículos principales que producían era el Ford Falcon, que se convirtió en el infame auto preferido de las llamadas "fuerzas de destacamento" que se emplearon para detener aquellos que los militares consideraban enemigos. Casi 30,000 "desaparecieron" bajo la dictadura.

La demanda también acusa a la Ford de haber brindado lugar para establecer el centro clandestino de detenciones y donado vehículos a los militares para único propósito de detener a sus propios empleados.

La acción juridica busca lograr el arresto de cuatro ex funcionarios de la Ford, inclusive el ex director de la empresa en Argentina, Nicolás Enrique Courad, ciudadano chileno, así como también a un oficial militar ya jubilado. También exige que a la fábrica se le coloque en una lista official de centros de detención y tortura que funcionaban bajo la dictadura.

Según la demanda, "la empresa Ford urdió y ejecutó un plan preciso y concreto para deshacerse en forma violenta de la actividad gremial y sindical con el objetivo de crear un Terrorismo de Empresa que le permitiera reducir personal indicriminadamente y sin mayores costos, acelerar sin problemas las líneas de producción...[e] ignorar las insalubres condiciones de tabajo".

El licenciado Ojea Urquiza agregó que las acciones de la Ford habían convertido a la empresa en otro engranaje de la maquinaria del terrorismo estatal.

El caso cita como precedente la convicción de Friedrich Flick en los juicios de Nuremberg por crímenes de guerra. Éste fue el magnate del acero alemán que obtuvo enormes ganancias de la explotación de 48,000 labradores esclavizados en los campos de concentración establecidos por los Nazis.

Además del caso penal, también se ha entablado un caso civil contra la Ford Motor Company—la casa matriz estadounidense y su filial argentina—que demanda indemnización para los trabajadores sobrevivientes que fueron torturados en la fábrica de la empresa en General Pacheco.

La acción contra la Ford por los trabajadores de ninguna manera es única. Antes y después del golpe de estado de marzo, 1976, escuadrones de la muerte clandestinos y fuerzas de seguridad detuvieron a trabajadores por todo el país, a menudo con la colaboración de los dirigentes peronistas derechistas. De los 30,000 que "desaparecieron" más del 66% fueron obreros.

El sindicato de trabajadores de la industria automovilística argentina, SMATA, que representaba a los trabajadores de la Ford, en 1975 hizo un llamado al Ministerio de Justicia para que interviniera en la fábrica de la Mercedes Benz en un suburbio de Buenos Aires con el fin de desbaratar una commisión de obreros que allí funcionaba; la burocracia que gobernaba al sindicato había tildado al grupo de "provocadores aliados con la sedición".

Luego del golpe, 16 trabajadores militantes fueron raptados de la fábrica de la Mercedes Benz o de sus hogares y "desaparecieron". Sólo dos fueron encontrados y se presume que el resto fue fusilado.

 



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