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Reunión cumbre de la Unión Europea expande la agresión contra los extranjeros y los refugiados

Por Ulrich Rippert
18 Julio 2002

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El 21 y 22 de junio, 15 líderes gubernamentales de los países que componen la Unión Europea (UE) celebraron una reunión cumbre en Sevilla. Adoptaron medidas drásticas para restringir la inmigración a Europa aún más.

Los países de origen y las tierras de tránsito considerados incapaces de controlar sus fronteras eficazmente—y que por lo tanto no cooperan con la UE de manera satisfactoria—sufrirán amargas consecuencias en el futuro. Se acordó que, antes de fines de año, acciones colectivas tomarán lugar para seguir asegurando las fronteras exteriores de la UE. También se decidió que muy pronto se establecerá una fuerza policíaca fronteriza Europea. Ya los países más importantes de la Unión Europea están cooperando íntimamente para capacitar a guardias fronterizos y proveer el equipo técnico necesario.

En el futuro, los países del llamado “tercer mundo”, ubicados entre los países de entrada y los países de residencia eventual de los inmigrantes, serán obligados a aceptar de nuevo a los refugiados que ilegalmente ingresan en la Unión Europea. Esta estrategia se ha diseñado con el fin de forzar a estos países a aislar sus propias fronteras contra los “refugiados en tránsito”. También se acordó que las resoluciones de la UE respecto al asilo han de ponerse en práctica mucho más rápido que lo anterior.

Antes de la reunión, el primer ministro español, José maría Aznar, cuyo gobierno conservador ha tenido la presidencia de la UE durante los últimos seis meses, y Silvio Berlusconi, contraparte italiano del spañol, presentaron “un plan de acción contra la inmigración ilegal”. Aparte de modernizar las armas de los guardias fronterizos de la UE, el objetivo de este plan era reducir la ayuda para el desarrollo a los “países de origen y tránsito que no cooperan”.

Durante una gira por las capitales Europeas, Aznar recibió bastante apoyo. En una reuión conducida en París el 28 de mayo, el presidente francés, Jacques Chirac, y el canciller alemán, Gerhard Schröder, exigieron “mejor control de las fronteras exteriores de la UE”. En otra reunión cuatro días después, esta vez en Roma, los ministros de interior de la UE decidieron actuar sobre varias recomendaciones para el establecimiento gradual de una fuerza policiaca Europea. También debatieron como usar el nuevo programa de satélite Europeo, Galileo, para “vigilar las olas de inmigración”.

El primer ministro británico, Tony Blair, fue de los partidarios más vociferantes de los planes xenofóbicos de Aznar. A pesar de la oposición de Suecia y otros países que participaron en las negociaciones cumbre en Sevilla, Blair enfáticamente defendió la política de su gobierno: en el futuro basar la ayuda para el desarrollo en la buena actitud que los países necesitados muestren al recibir de nuevo a los inmigrantes a quienes se les ha negado asilo. Específicamente mencionó a Somalia, Sri Lanka y a Turquía respecto al caso.

Blair no escondió el hecho que esta campaña contra la “inmigración ilegal” fue una reacción a los recientes éxitos electorales de los partidos de ultra derecha.

El descontento que la política pro capitalista de los gobiernos socialdemócratas ha engendrado le ha dado tremendo ánimo a los demagogos derechistas de varios países Europeos. Jean-Marie Le Pen ganó más votos durante las elecciones presidenciales francesas que el primer ministro en el poder, Lionel Jospin, del Partido Socialista. Y el Partido Liste Pim Fortuyn obtuvo un gran voto a su favor. Sólo cinco de los trece ex gobiernos socialdemócratas Europeos todavía están en el poder.

El resto de los gobiernos socialdemócratas están reaccionando a estos sucesos con la adopción de una política derechista y alentando los sentimientos racistas contra los extranjeros y los refugiados. Según la revista alemana, Der Spiegel, el primer ministro británico lanzó “un ataque verbal de gran peso contra los extranjeros” hace unas pocas semanas. Blair sostuvo que sólo la adopción de medidas drásticas contra los refugiados ilegales por toda Europa podía ponerle paro a la “marcha triunfante del extremismo derechista”.

The Guardian citó un documento oficial y confidencial del gobierno que indica que una movilización enorme contra la inmigración ilegal ya se estaba planeando. Buques de guerra de la marina británica han de perseguir e interceptar los barcos de refugiados en el Mediterráneo oriental. La fuerza aérea británica, por otra parte, será comisionada para transportar a enormes cantidades de personas, cuyo asilo ha sido rechazado, de regreso a sus países.

La misma actitud caracteriza al gobierno de coalición socialdemócrata/Partido Verde en Alemania. Por años, el ministro del interior socialdemócrata, Otto Schily, ha obstruido toda intención de liberalizar la ley Europea respecto a los refugiados. Rechazó las recomendaciones de una comisión de la UE para permitir la reunión de familias y la normalización del proceso legal de asilo con las siguientes palabras: “Eso nos privará de suficiente campo para maniobrar respecto a nuestra política sobre la inmigración”.

Durante una conferencia reciente de ministros del interior Europeos en Luxemburgo, Schily abogó por una política dura hacia los “países del tercer mundo”. Dijo que “toda persona que deja de respetar sus obligaciones internacionales debería percatarse de las consecuencias”.

La declaración de Schily que la lucha contra la inmigración ilegal mejora la situación de la inmigración legal—“Mientras menos inmigración ilegal tengamos, mayor la posibilidad para la inmigración legal”—es completamente cínico. La verdad es totalmente lo contrario. El aumento rápido de la inmigración ilegal es más que otra cosa consecuencia de que las oportunidades para la inmigración legal han sido sistemáticamente y severamente limitadas. Aparte de los profesionales especializados, codiciados por el valor que la añaden a la economía, hoy día es casi imposible que los inmigrantes ingresen a Europa legalmente.

Durante el curso de los debates en Sevilla acerca de las sanciones contra las naciones de tránsito que no están dispuestas a hacer cumplir todos los requisitos de la UE, el canciller alemán Schröder permaneció retumbantemente callado, pero detrás del silencio apoyaba la postura de Aznar, Berlusconi y Blair.

La declaración final de la reunión cumbre de Sevilla evitó usar la palabra ‘sanciones” y la amenaza para reducir la ayuda para el desarrollo sólo se mencionó indirectamente. Los cabecillas de los gobiernos Europeos se mostraron mucho más elegantes al expresar su determinación en aislar a Europa de los inmigrantes: “La cooperación inadecuada por parte de una nación podría ser lastimosa al desarrollo de las relaciones entre ese país y la Unión Europea”.

La causa de la miseria de los refugiados

La idea que la expansión de la ola de refugiados de los países africanos al borde del hambre o de las regiones devastadas socialmente de Europa oriental y Rusia pueda ser detenida rodeando a Europa occidental con guardias fronterizos armados no sólo es barbárico; es ilusorio.

En realidad, la clase gobernante Europea se enfrenta a un problema al que no le tiene ninguna solución. Según cálculos de Europol, autoridad policiaca Europea en La Haya, por lo menos medio millón de personas, además de las 400,000 que buscan asilo, tratan de penetrar los países de la UE ilegalmente cada año. La cifra es 13 veces mayor que la de 1993 y continúa aumentando.

Der Spiegel citó a un funcionario del ministerio del interior de Alemania, quien expresó que la cifra verdadera podría ser el doble o hasta diez veces mayor de lo antedicho. Nadie realmente sabe cuantos están penetrando las fronteras a escondidas.

Ya las “colonias crepusculares” existen por toda Europa. En París, Amsterdam, Berlín y Viena existen distritos ocupados una cantidad de personas tres veces mayor que las que se han registrado oficialmente. Las tensiones sociales aumentan vertiginosamente.

El canciller Schröder y un sector de la prensa liberal continuamente se expresan de la misma manera: “Por supuesto, simpatizamos con la situación difícil de los refugiados. La miseria social de muchos países está empujando a una cantidad creciente de gente a buscar una mejor existencia en otros lugares. Pero el problema no puede resolverse permitiendo que todos, o por lo menos una gran parte de los más empobrecidos, vengan a Europa. Nuestro sistema social se derrumbaría”.

Una lógica cínica y mendaz. La crisis social interior de Europa no se debe a la cantidad exhorbitante y aplastante de inmigrantes, sino a los programas políticos—para fomentar los intereses de los grandes comercios—que sistemáticamente reducen las rentas internas

de las grandes empresas y de los ricos y que a la vez reducen los gastos del estado para fomentar los servicios sociales. Hasta ahora no se le ha permitido a una gran porción de los que buscan asilo y a los refugiados obtener empleos regulares o ganarse la vida por esfuerzo propio.

Al mismo tiempo, la miseria que obliga a la gente a abandonar sus países natales es consecuencia directa de manera en que el capital estadounidense y europeo ha saqueado a esas pobres naciones. Las raíces de esta miseria están en la política colonial de los siglos anteriores, política que continúa hoy día bajo los auspicios del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De acuerdo a un informe del Banco Mundial del 2,000, la deuda total de los países en desarrollo se calculó en $2.5 trillones. El informe muestra que estos países gastan nueve veces más para pagar sus deudas a los grandes bancos internacionales de lo que reciben en ayuda para el desarrollo.

Cuando Mozambique sufrió inundaciones desastrosas en 1999, más de un millón de habitantes perdieron sus hogares. No obstante, el país le pagó $70 millones de deuda a los bancos occidentales. Cuando enfermedades como la cólera y la malaria se propagaban, sólo 1.1% del producto interno bruto estaba destinado para el cuidado de la salud. Después que el FMI impusiera un “programa para el nuevo desarrollo” hace diez años, los gastos para la salud de esa nación han sido reducidos 75%.

En toda África, donde, como promedio, sólo uno de cada dos niños asiste a la escuela, los gobiernos trasladaron cuatro veces más capital a los bancos y acreedores internacionales de lo que gastaron en la salud y la formación académica. De acuerdo a un informe del Banco Mundial, la pobreza de África aumentó 50% entre 1994 y el 2000. Debido a los programas de cambios estructurales puestos en práctica durante los años 80, el ingreso per cápita durante la década de los 90 retrocedió al nivel que existía antes de terminar el dominio colonial.

Las varias terapias estilo “shock” impuestas por el FMI y el Banco Mundial han tenido efectos similares en Europa oriental y en Rusia. Durante la última década, la actividad económica en las regiones de la ex Unión Soviética ha disminuido más de 50%. Un informe de las Naciones Unidas, preparado en 1999, calcula que la cantidad de personas que viven en la pobreza—que existen con $4 o menos al día—en los países de Europa oriental y en la ex Unión Soviética ha aumentado de 13.6 millones en 1989 a 147 millones.

Por lo tanto, una verdadera lucha contra esta pobreza creciente, causa de la vasta ola de refugiados, requiere una perspectiva socialista dirigida contra el capitalismo. La clase obrera Europea debe solidarizarse incondicionalmente con los refugiados y con los que buscan asilo y juntos luchar no sólo contra el control y los dictados de los bancos Europeos e internacionales y de las grandes empresas, sino también contra sus propios gobiernos. Como parte de esta lucha, tiene que defender el derecho de la gente a vivir y trabajar en cualquier país que le plazca, y exigir la eliminación de todas las barreras legales contra la inmigración y toda clase de discriminación contra inmigrantes.

Las medidas bestiales, hoy dirigidas exteriormente contra los refugiados y aquellos que buscan asilo, pronto serán dirigidas interiormente contra los desempleados, los recipientes de beneficios sociales, y la mayoría de la población de las naciones Europeas.

El día antes de la reunión de los cabecillas de gobierno, una huelga general nacional paralizó la vida pública de España. En las ciudades principales de Madrid y Barcelona, medio millón de personas manifestaron contra el desempleo enorme y contra las leyes laborales anti sociales del gobierno de Aznar. Tropas especiales de la policía atacaron los piquetes y manifestantes con cañones de agua y porras. Según cuenta la Confederación Nacional de Trabajadores (CNT), varios cientos de personas sufrieron heridas, muchas de éstas severas. El gobierno quería prevenir, a todo costo, que la huelga se vinculara a las manifestaciones que los oponentes de la mundialización habían organizado para el día siguiente.

En Sevilla, el carácter clasista de la Unión Europea fue asombrosamente evidente: una asociación de los bancos y las principales empresas europeas ejerciendo despiadadamente sus propios intereses y privilegios contra los refugiados y el pueblo trabajador Europeo.

 



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