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La extradición de Pinochet podría desestabilizar a Chile, la Cámara de los Lores es prevenida.

Por Chris Marsden
11 de Noviembre de 1998

Se espera que la apelación contra la decisión de conceder "inmunidad soberana" al antiguo dictador chileno, Augusto Pinochet, termine el miércoles. El que Pinochet sea extradicionado a España o no depende de si los fiscales del procesamiento logran imponer la primacía de la ley internacional, que no valida la inmunidad para los jefes de estado con respecto a crímenes contra la humanidad, por encima de la ley británica según fue interpretada por el Tribunal Supremo este mes.

Varios destacados expertos en derecho internacional han apoyado esta posición. La Comisión Internacional de Juristas calificó la decisión del Tribunal Supremo sobre Pinochet como "profundamente errónea" y dijo que los jueces "habían olvidado considerar que la comunidad organizada de naciones ya ha decidido hace tiempo perseguir y procesar a los autores de crímenes contra humanidad". Peter Burns, el presidente del Comité de las Naciones Unidas Contra la Tortura, dijo que estuvo "extremadamente sorprendido" por el fallo que concedió la inmunidad a Pinochet.

Los argumentos legales de los abogados de Pinochet intentan confirmar la posición del Tribunal Supremo así como la "soberanía" de Chile en determinar si es sometido a la justicia. Pero esto ha sido secundado con amenazas implícitas de violencia política por parte de los partidarios derechistas de Pinochet y de los militares, en el caso de que se le extradicionara a España.

Claire Montgomery, representando a Pinochet, dijo que los Lores Juridicos deberían considerar cuidadosamente "el delicado equilibrio entre los intereses de la justicia y la estabilidad del estado". Deportar a Pinochet a España dañaría la nueva democracia de Chile y ya ha provocado tensiones entre la izquierda y la derecha, añadió.

Durante el fin de semana Pinochet publicó una declaración a la prensa en la que apuntó a otros ejemplos de "reconciliación" en Irlanda del Norte y Suráfrica, en donde "se han tomado prudentes decisiones de no revisitar el pasado". Pinochet destacó a España, en donde la dictadura de Franco era ahora "ignorada". "Mis compatriotas han aceptado el pasado de nuestra nación. Ellos son mis verdaderos jueces.... Estoy en paz conmigo mismo, y con el pueblo chileno sobre lo que sucedió", concluyó Pinochet.

Los temas planteados por Pinochet y sus abogados subrayan lo esencial del dilema político que confronta el establecimiento británico y las potenciales repercusiones que puedan también sentirse en España si es extradicionado a este pais. Pinochet tiene razón en señalar la semejanza de la llamada transición a la democracia en Chile, Suráfrica y España. Los tres no solamente proporcionaron una amnistía para los crímenes cometidos por los salientes regímenes de la derecha, sino que preservaron
los intereses económicos y políticos de la élite dominante dentro del nuevo orden
constitucional.

Por esta razón, la contínua estabilidad en los tres países depende sobre todo de contínuos esfuerzos en ocultar los problemas históricos aún sin resolver y en segundo lugar, asegurarse de que no se haga nada que amenace el status quo.

Un informe de los antiguos miembros de la Campaña de Solidaridad con Chile, cuyo objetivo es influenciar la decisión de los Lores Judiciales, provee una idea del verdadero carácter de la "democracia" de Chile. Titulado "Por qué Pinochet no debe ser puesto en libertad", el documento explica: "En numerosas ocasiones desde la devolución del poder a un presidente civil en 1990, aquellos que han sugerido que el General Pinochet sea procesado han sido amenazados, atacados, detenidos y acciones contra violadores de los derechos humanos frustradas."

Entre los ejemplos citados está el encarcelamiento por una corte militar de tres periodistas en 1990; la suspensión de un juez por el Tribunal Supremo en 1991 por no rechazar un caso referente a la desaparición de 13 personas; amenazas de soldados armados a los procedimientos de la corte; el rechazo de 14 casos de violaciones de los
derechos humanos citados y la utilización de la ley de la amnistía impuesta por
Pinochet en por lo menos siete otros casos en 1993; la detención de un líder estudiantil en 1995 por criticar a Pinochet; el encarcelamiento por dos dias del Secretario General del Partido Comunista, Gladys, acusado de difamación después de haber calificado a Pinochet de "psicópata" en 1996.

Basado en esta historia, no hay razón para dudar las advertencias del equipo legal de Pinochet de una posible reacción violenta a su procesamiento por parte de elementos militares y de derecha.

Tan peligroso como la desestabilización política de Chile es el hecho de que si Pinochet fuera enjuiciado, otras cuestiones serían indudablemente planteadas en cuanto a por qué ninguno de los partidarios fascistas de Franco, o los líderes del apartheid, han sido sometidos a un destino similar.

El tercer gran peligro que se presenta con la detención de Pinochet es que una vez más ha sacado a la superficie el papel desempeñado por las potencias imperialistas en su golpe de 1973, sobre todo los Estados Unidos. En una tentativa de disminuir el papel jugado por la Cia en Chile en aquel entonces, y asegurar que su antiguo aliado salga libre, los funcionarios de los E.E.U.U. han dicho que no tienen ninguna "evidencia firme" de crímenes para someter a Pinochet a la extradición a América. Incluso continuaron negando cualquier discusión oficial en el departamento de la justicia en este respecto.

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