EN INGLES
Visite el sitio inglés
actualizado a diario
pulsando:
www.wsws.org

Análisis Actuales
Sobre el WSWS
Sobre el CICI

 

 WSWS : Español

El silencio de Washington ante Pinochet

Por Bill Vann
10 Diciembre 1998

Dos meses después del arresto del general Augusto Pinochet en Londres el gobierno norteamericano aún no se declara públicamente en relación a la detención del ex-dictador chileno y su posible extradicción a España donde sería enjuiciado por crímenes contra la humanidad.

Varios gobiernos europeos han declarado su apoyo para tal juicio, y algunos-como Francia y Suiza-también han contemplado la extradicción de Pinochet, demandando que se le juzgue en sus cortes por el asesinato de sus ciudadanos. El gobierno de Clinton no ha expresado tal deseo.

El vocero del Departamento de Estado, James Rubin, declaró recientemente que Washington "no está preparado aún para dar su opinión sobre el valor legal" en el caso de la extradicción de Pinochet. "Continuamos estudiando las opiniones," dijo.

La única declaración explícita sobre el caso Pinochet ha venido del secretario de estado Madeleine Albright, cuando expresó la preocupación norteamericana sobre "la democracia y la ley del derecho en Chile." Ella dijo: "Pensamos que en Chile los ciudadanos de un estado democrático están enfrentando un problema muy difícil de cómo balancear la necesidad de justicia con los requerimientos de una reconciliación. Creo que debemos respetar las conclusiones a las que lleguen."

Eso es equivalente a una declaración de apoyo a la posición del gobierno chileno de que Pinochet debe de ser puesto en libertad y devuelto a Chile. Mientras que la prensa norteamericana ha mantenido un virtual silencio en esta materia, la prensa europea ha informado que el Departamento de Estado agresivamente está pidiendo que el gobierno británico acceda a ese pedido.

Ni la prensa europea ni norteamericana han examinado lo que "democracia" y "reconciliación" significan en el contexto de la realidad chilena. Se trata de la reconciliación entre los asesinos de Pinochet y los parientes de sus víctimas, entre los torturadores y los torturados. Se trata de una "democracia" que acepta que los militares están por encima de la ley y que pueden asesinar a civiles con impunidad. En breve, se trata de aceptar una sociedad en la cual la clase dirigente mantiene apunta con un revolver a la cabeza de los trabajadores, amenazando disparar cada vez que un desarrollo político o económico pone en peligro su riqueza y poder.

Este es el estado "democrático" que el gobierno de Clinto quiere mantener. Este es un fenómeno común en América Latina, donde la transición de una junta militar a un gobierno dirigido por civiles es disfrazado de democracia. Estos gobiernos han emitido leyes de amnistía y "punto final" que mantienen la estructura militar tal como fuera entrenada y equipada por los Estados Unidos. Estas leyes protegen a los militares de ser acusados por ejecuciones masivas en estadios, la tortura de cientos de miles de personas, el robo de niños de madres y padres que fueron asesinados, y muchos otros actos de brutalidad dirigidos ante todo contra la clase obrera.

De todos los gobiernos del mundo, Estados Unidos es el que tiene uno de los casos más claros para demandar la extradicción y juicio del carnicero de Santiago. Además de los ciudadanos norteamericanos Charles Horman y Frank Teruggi, quienes fueron ejecutados por los militares chilenos durante el golpe de 1973, el régimen de Pinochet es responsable del único asesinato político en las calles de Washington, reconocido por haber sido llevado a cabo bajo las órdenes de una potencia extranjera.

En 1976 un carro bomba plantado por el agente de inteligencia chilena Michael Vernon Townley-nacido en los EE.UU.-le quitó la vida a Orlando Leterier, el exilado ex-ministro del gobierno de Salvador Allende, y la de su asistente norteamericano, Ronni Moffit. Townley confesó al crimen, así como también a otros asesinatos e intento de asesinatos de oponentes del régimen de Pinochet en Roma, Buenos Aires y Ciudad de México. A cambio de involucrar a un grupo de cubanos anti-castristas, veteranos de previas operaciones de la CIA, y de nombrar al coronel Manuel Contreras, el jefe de la policía secreta chilena-la DINA-Towney recibió una sentencia reducida y una nueva indentidad bajo el programa federal de protección a testigos.

Contreras, quien fue sentenciado a prisión en Chile en un intento de cerrar el caso, testificó que todas sus acciones fueron llevadas a cabo bajo las órdenes directas de Pinochet.

La política de Washington siempre ha sido demandar la extradicción de aquellos acusados de llevar a cabo actos de terrorismo y asesinato de ciudadanos norteamericanos, tanto en territorio estadounidense como en el extranjero. Por ejemplo, logró la extradicción de quienes llevaron a cabo el bombardeo de las embajadas norteamericanas en Nairobi y Dar es Saalam en agosto pasado, aún cuando la mayoría de las víctimas no fueron ciudadanos de los EE.UU. Por otro lado, ha demandado la extradicción de ciudadanos libios que acusa de ser responsables de bombardear en 1988 el vuelo 103 de Pan American, , derribado sobre Escocia.

En 1989 el gobierno de Bush invadió Panamá, apresó al jefe de estado, Manuel Noriega, lo trajo a los EE.UU., le abrió juicio por tráfico de drogas y lo sentenció a prisión.

Entonces, ¿por qué los EE.UU. no tienen interés en enjuiciar a tan gran exponente del terrorismo internacional, como lo es Pinochet?

Sin duda, una preocupación importante es preservar la actual situación política y estructura militar en Chile y el resto de América Latina. Pero hay aún una razón mayor para que Washington no desee llevar a juicio a Pinochet. Muchos funcionarios de ayer y hoy del gobierno norteamericano se encontrarían implicados con el dictador.

Cuatro figuras prominentes podrían ser llamadas a testificar y posiblemente enfrentarían cargos criminales:

* Henry Kissinger, quien en 1970 dijo que no sabía por qué los EE.UU. deberían "dejar que un país se convierta en comunista debido a la irresponsabilidad de su gente." Después de que fracasara en prevenir la elección de Allende, Kissinger ordenó a la CIA que iniciara lo que vendría a conocerse como "Track II", la preparación y ejecución del golpe militar que llevó a Pinochet al poder y donde miles de chilenos fueron asesinados, torturados y encarcelados.

* Richard Helms, quien recibió órdenes directas de Nixon para "salvar a Chile" valiéndose de cualquier operación secreta necesaria para derrocar el gobierno de Allende.

* General Vernon Walters, el ex-subdirector de la CIA, quien trajo a Washington en agosto de 1975 a su contraparte chileno, coronel Manuel Contrera, jefe de la DINA. A Walters, un fanático anticomunista, se le atribuye haber coordinado el golpe militar de 1964 en Brasil. Luego se mantuvo como un miembro activo de operaciones contrarrevolucionarias en América Latina durante los gobiernos de Reagan y Bush. Es prácticamente inconcebible que no haya estado involucrado en planear la represión y actos de terrorismo de Pinochet fuera del territorio chileno, los cuales se llevaron a cabo bajo el nombre de Operación Cóndor.

* George Bush, quien tomó control de la CIA en 1976 y la re-estructuró después de la crisis de Watergate. Sin duda, el rol de Bush debe haber incluido encubrir el rol de la CIA en los crímenes de Pinochet.

Además deben de haber cientos de figuras secundarias del gobierno norteamericano que estuvieron involucrados en el golpe de 1973 y los subsiguientes crímenes de Pinochet.

En una declaración reciente, el Departamento de Estado dijo que los EE.UU. estaba preparando la des-clasificación de "tantos documentos como sea posible" relacionados a los crímenes de Pinochet. No debe caber la menor duda que estos documentos serán revisados para eliminar u ocultar "las fuentes y los métodos" de la CIA y otras agencias norteamericanas. En otras palabras, el material será censurado o prohibido para prevenir la identificación de funcionarios norteamericanos directamente involucrados en la represión.

Cabe notar que en los documentos que ya se han hecho públicos no hay referencia alguna al asesinato de Letelier y Moffit. Mientras tanto, el asesino Michael Vernon Townley continúa bajo protección del gobierno, sin conocerse su identidad ni su paradero.

Existe otro motivo de preocupación para Washington. Este teme que la extradicción y juicio de Pinochet puede sentar un peligroso precedente para la detención, extradicción y juicio de funcionarios norteamericanos acusados de crímenes contra la humanidad en Vietnam, Centroamérica y el Golfo Persa.

Washington ha exigido enérgicamente que se coordinen esfuerzos contra el "terrorismo" y ha demandado la extradicción de quienes define como terroristas que se oponen a su política exterior. Pero el verano pasado el gobierno de Clinton reaccionó hostílmente contra la formación en Roma de un tribunal permanente para juzgar crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Se opuso a otras 133 naciones en firmar el tratado que creó tal corte, después de que fracazó en sus intentos de garantizar que ningún funcionario norteamericano pudiera ser juzgado por dicha corte.

En un comentario reciente acerca de la actitud de Washington hacia el caso Pinochet, el Washington Post dijo que muchos funcionarios han sido "hostiles a Pinochet durante el último cuarto de siglo" y que "nadie en el gobierno simpatiza con el general."

Sin duda muchos, incluyendo a Clinton, quien inició su vida política en el período de las protestas contra la guerra en los años 60 y eran hostiles al gobierno de Nixon durante el caso Watergate, han considerado a Pinochet como una abominación. Cualquiera que hayan sido sus posiciones políticas pasadas, estos ex-liberales se han convertido en sus más entusiastas defensores.

Hablando de "democracia" y "reconciliación" con el fin de liberar al ex-dictador, su fin en realidad es cubrir los crímenes del imperialismo norteamericano y defender el derecho de Washington para en el futuro llevar a cabo actos de represión contrarrevolucionarios, en cualquier lugar donde se amenacen los intereses de la clase dirigente norteamericana.

Ver también:
Lecciones polìticas del golpe de Estado en Chile
Declaración de la Cuarta Internacional,
18 de septiembre de 1973
Una respuesta a los defensores de Pinochet
[17 de Noviembre de 1998]
Entrevista con el Secretario General de la Asociación de los Arrestados y Desaparecidos en Chile: "El principio de la justicia y los derechos humanos tiene que ser rescatado"
[12 noviembre 1998]

Regresar a la parte superior de la página



Copyright 1998-2012
World Socialist Web Site
All rights reserved